El Tribunal desestima así los recursos de apelación presentados por estos siete encausados contra el auto de pase a procedimiento abreviado dictado el pasado mes de junio por el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia. La Sala señala que la resolución recurrida "contiene detalle suficiente de los hechos que motivan el pronunciamiento de incoación de procedimiento abreviado".

"Tales indicios son más que suficientes para ordenar la continuación del procedimiento contra el imputado, sin que sea lícito pretender de la juez de Instrucción que efectúe una valoración definitiva de pruebas o de los acopios de la instrucción, o que es imposible en este momento procesal", precisa la Sala.

La Audiencia, por tanto, entiende que los argumentos esgrimidos por las defensas sobre la nulidad o validez de ciertas pruebas han de ser planteados en el acto del juicio oral. El Tribunal solo ha revocado el auto de incoación de procedimiento abreviado respecto a una investigada, ya que la resolución no recoge los indicios de criminalidad que se aprecian contra ella.

CÁRCEL Y MULTA

El pasado 10 de octubre la Fiscalía Anticorrupción solicitaba en su escrito de acusación un total de 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como ‘caso Erial’. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

La Fiscalía se pronunciaba así sobre la investigación de ‘caso Erial’ por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones a cambio de concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana, a través de un grupo de personas cercanas a Zaplana.

Este entramado tenía sociedades en el extranjero creadas específicamente para cobrar en ellas las comisiones ilegales que les pagaban a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de ITV y parques eólicos.

El dinero se ocultaba así y acababa pasando de unas entidades a otras para ocultar su origen ilícito y acabar finalmente en los circuitos legales tras la correspondiente labor de blanqueo de esos capitales. Anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total de los sobornos.

La Fiscalía acusa por estos hechos a Zaplana; a su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, al que solicita 14 años de prisión; a su presunto testaferro, Joaquín Barceló, para el que el Ministerio Público pide ocho años de cárcel y 20 millones de multa; al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas (seis años de cárcel); y a los empresarios y hermanos Vicente y José Cotino, que habrían sido adjudicatarios de los planes eólico y las ITV, y que se enfrentan a 14 años de prisión. En total, son 14 las personas acusadas.