Por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez queda blindado ante cualquier acción penal por esta causa. La Sección Tercera enmienda así la plana al juez instructor, Rafael Lasala, que veía indicios de prevaricación, falsedad y encubrimiento en la entrada en territorio nacional de Brahim Gali en España para ser tratado de covid, en una operación acordada con las autoridades argelinas.

La exministra sostuvo ante el juez durante su declaración que la llegada de Gali a bordo de un avión fletado por el Gobierno de Argelia fue un acto político, argumento que ahora queda refrendado y frena una posible acción penal.

La Audiencia de Zaragoza entiende que la exresponsable de Exteriores no tenía por qué estar al tanto de que el líder del Polisario tenía causas pendientes en la Audiencia Nacional por supuestos delitos de terrorismo, genocidio y torturas, por los que estaba reclamado por la justicia española, que hasta ese momento no había podido localizarlo.

Gali llegó a España el 18 de abril de 2020 a bordo de una aeronave fletada por el Gobierno argelino y aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza donde se le dio entrada en el país bajo identidad falsa y sin pasar por el trámite de control de pasaportes, en una operación coordinada por la ministra Laya con la colaboración de su jefe de gabinete y miembros del Estado Mayor del Ejército del Aire.

Su estancia en España se acabó conociendo y provocó una grave crisis diplomática con Marruecos, que le considera un enemigo, y algunos consideran ese episodio como origen de lo que después fue la posición del Gobierno sobre el Sahara acordada con Mohamed VI.