Según la AUGC, la rehabilitación “de los compañeros que fueron expulsados del cuerpo por iniciar el camino en la defensa de los derechos de los agentes” es uno de los temas pendientes por los que AUGC lleva años luchando.

En opinión de la AUGC, “se trata de una anomalía democrática por la que se sigue peleando y trabajando, por un reconocimiento merecido y por la dignificación de las condiciones de readmisión para el sargento primero José Morata, el cabo primero Manuel Rosa o el guardia civil José Carlos Piñeiro, tres de los socios fundadores de AUGC, “así como del agente represaliado Alejandro Álvarez Borja y el resto de los compañeros”.

Por tanto, piden al Congreso que incluya en la iniciativa sobre la amnistía una enmienda. Esta permitiría la rehabilitación de diversas penas y sanciones impuestas a guardias civiles por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de intereses profesionales en un ámbito distinto al derecho de asociación profesional.

"DEUDA HISTÓRICA"

Desde la AUGC recuerdan que el reconocimiento del derecho de asociación profesional como derecho fundamental se produjo a través de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

No obstante, señalan que en dicha ley orgánica no se recogió la posibilidad de que aquellos guardias civiles, "que fueron los precursores del reconocimiento y ejercicio de este derecho básico", pudieran tener un merecido reconocimiento. Además, no se articularon los mecanismos legislativos necesarios para ser rehabilitados y resarcidos por las consecuencias penales y disciplinarias, y de otros tipos, que su actividad les supuso.

Finalmente, consideran que “es ahora, a través de dicha proposición de ley orgánica, donde tiene encaje esta propuesta, que resolvería esta deuda histórica”.