Esta cifra es un 7,2% superior a la del período enero-abril de 1995, cuando se vieron inmersos en expedientes de regulación de empleo un total de 44.554 trabajadores, y pone de manifiesto que la marcha de las empresas no es muy favorable.

Sin embargo, el número de expedientes de regulación de empleo autorizadosentre enero y abril de este año fue inferior, un total de 2.207, frente a los 2.265 del mismo período de 1995. De ellos, 1.535 fueron pactados, afectando a 30.970 trabajadores, y los 672 restantes no pactados (16.801 afectados).

La cifra de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo disminuyó en la modalidad más drástica, la de extinción de contratos. En concreto, un total de 14.402 empleados se vieron afectados por este tipo de expedientes, frente a los 18.617 del pasado año.

Sin embargo, amentaron los trabajadores afectados por expedientes de suspensión temporal de empleo (de 25.490 entre enero y abril de 1995 a 32.896 en el mismo período de este año) y de reducción de la jornada laboral habitual (de 447 en 1995 a 473 este año).

Por sectores, la gran mayoría de los trabajadores regulados estaban empleados en la industria, un total de 35.478, mientras que el resto se reparte entre la agricultura (5.472 personas), los servicios (5.116) y la construcción (1.705). Destacan notablemente lostrabajadores afectados por expedientes en la industria de fabricación de coches, que pasan de 535 entre enero y abril de 1995 a 8.199 en los mismos meses de este año.

Atendiendo al tamaño de las empresas, las grandes recurrieron de manera importante a las regulaciones de empleo, ya que casi el 28% de los trabajadores sujetos a expedientes eran empleados de compañías de más de 1.000 trabajadores. También las de menos de 25 trabajadores utilizaron en gran medida los expedientes, de manera que el 23% deltotal de los trabajadores regulados estaban trabajando en estas empresas.

CAUSAS DE LOS EXPEDIENTES

Según los datos de Trabajo, las causas más alegadas por las empresas entre enero y abril para presentar expedientes de regulación de empleo fueron los problemas de tesorería o financiación, los problemas de fuerza mayor y la aplicación de medidas económicas.

Los trabajadores de Castilla y León fueron los más afectados por estos expedientes, un total de 10.302 empleados, junto con los de Asturias 5.713), Cataluña (5.654), Andalucía (5.650), Galicia (4.451), País Vasco (3.639), Valencia (3.625) y Madrid (2.465 personas).

A continuación se situaron los trabajadores de Cantabria (2.310), Castilla-La Mancha (941), Navarra (791), Aragón (640), Canarias (488), Murcia (485), Baleares (383), La Rioja (109), Extremadura (105) y Ceuta y Melilla (20 empleados).