Según las conclusiones del texto, que ocupa 2.305 folios y que hoy fue entregado por Gil-Robles a los presidentes del Congreso de los Diputados, Félix Pons, y del Senado, Juan José Laborda, los españoles dejan claro su deseo de "que funcionen los servicios públicos":

"Que la sanidad y las listas de espera se resuelvan (dos años para operarse de cataratas o de traumatología) (...) Que les paguen las pensiones a tiempo. Tdavía en diciembre de 1991 de las 240.000 solicitudes de pensiones no contributivas sólo se habían resuelto el 30 por ciento (...) Que Correos no pierda los paquetes, indemnice en condiciones por las pérdidas, etc...".

En el informe también se pide que las administraciones abandonen "hábitos inaceptables de prepotencia" y que los funcionarios "realmente entiendan que son servidores de los ciudadanos y no dueños de la Administración".

El español, opina Alvaro Gil-Robles, quiere que le contesten a us solicitudes y recursos en los plazos.

"Así", dice en las conclusiones, "igual que Hacienda aplica sanciones por ingresos fuera de plazo, no respeta ninguno para resolver recursos (...) Quiere (el español) que las multas de Tráfico que le impongan, si las recurre, le contesten. Tráfico tiene tal atasco que son miles los recursos sin resolver por falta de personal y medios. Pero la multa hay que pagarla".

En suma, prosigue el resumen del informe, que las cosas sólo cambiarán si, como ahora, el cudadano no se resigna y no guarda silencio ante la "irregularidad administrativa" o "el abuso de poder" de la Administración.

"Sólo si se queja", dice el resumen del informe de 1991, "se podrá intentar resolver su caso y poner a la luz las deficiencias generales dando lugar a formular recomendaciones para leyes nuevas".

"Recurrir a los tribunales y quejarse al Defensor del Pueblo es ejercer los legítimos derechos, es ser ciudadano", dice Gil-Robles en el informe.

AUMENTAN LOS MALOS TRATOS

l informe es especialmente crítico con la escasa diligencia de las fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier cuerpo policíal (municipales e incluso empresas privadas de guardias jurados) a la hora de investigar una denuncia por malos tratos ante el Defensor del Pueblo.

En rueda de prensa celebrada poco después de que entregase a Félix Pons el texto, Gil-Robles comentó a los periodistas que "cuesta bastante" que la Policía emprenda una investigación al respecto, a pesar de que en el informe no hayun solo caso de torturas detectado (en las 63 actuaciones de oficio que inició durante 1991).

A su juicio, las autoridades "hacen una investigación muy sumaria; casi enseguida se nos dice que hay pendientes actuaciones judiciales y todo se suspende (...) Raramente se toman medidas cautelares de suspender al funcionario".

Destaca, dijo el Defensor del Pueblo, un aumento de quejas (por malos tratos o mal servicio) en lo que se refiere a policía municipal, a la Policía Nacional y guardias jurados y na reducción, en una, de las quejas que se refieren a la Guardia Civil.

La Oficina del Defensor del Pueblo investigó en 1991 tres denuncias por malos tratos en la "mili" (incluidas novatadas) y otras tres de malos tratos en prisiones.

"A mí, de todo esto lo que me preocupa no es que se produzca -ocurre en cualquier país democrático-; lo que creo es que hay que llegar hasta el final en la investigación", denunció Gil-Robles, aunque dejó fuera de su crítica a las Fuerzas Armadas, "que son muy coopeadoras".

Por capítulos, de las 25.730 quejas, 10.596 correspondieron a actuaciones de los funcionarios, de las administraciones educativas o de Cultura, 6.179 a actuaciones de los ministerios de Defensa e Interior, 2.207 a Justicia (prisiones), 2.571 a Economía, 1.781 de administración y ordenación territoriales y 2.459 de Trabajo y Seguridad Social.

El recurrente medio es un español de 49 años con estudios y muy sensibilizado con el mal funcionamiento de los servicios públicos, que gana 100.000 esetas al mes (el año pasado un 60 por ciento declaró ganar menos de 100.000 pesetas).