Así lo precisó este lunes el secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero, durante su comparecencia ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO), en la que desgranó la hoja de ruta de la Presidencia española del Consejo de la UE en materia de consumo y los ejes de actuación de la UE hasta 2024 en este ámbito.

Entre ellos, Escudero destacó el aumento de los derechos y la protección de los consumidores, “especialmente” de los “más vulnerables”, en el contexto de la transición verde y digital, convencido de que la Unión Europea “no sólo está llamada a ser un actor relevante a la hora de aportar soluciones conjuntas y asumir compromisos", sino que también necesita "replantear sus propias grandes líneas políticas y sus ambiciones de cara al futuro”.

Para ello, juzgó “prioritario” transformar los hábitos que tienen “impacto económico, social y ambiental”, así como “empoderar” a los consumidores para que tengan un “papel activo” en sus relaciones de consumo, y “avanzar” hacia modelos “más sostenibles”.

En este sentido, en línea con la Nueva Agenda del Consumidor 2020-2025, España tiene previsto “reforzar” la protección de los consumidores “más vulnerables”, así como su rol “activo” en la “transformación” del sistema de producción y consumo mediante el impulso, por ejemplo, de la reparabilidad de los productos y la lucha contra la obsolescencia prematura.

Además, bajo el mandato de la Presidencia española del Consejo de la UE, se consolidará el enfoque ‘One Health’ (una única salud, la individual y la del planeta) con el fin de “avanzar” hacia patrones de consumo “más sostenibles y saludables” y se trabajará para “adaptar” la normativa de consumo a la transformación digital.

NUEVOS RETOS

En este contexto, conseguir que la legislación europea en el ámbito del consumo se “adapte” a los “nuevos retos” que, según el departamento de Alberto Garzón, plantean tanto el mundo digital como la cuarta revolución industrial, será un “elemento de especial relevancia” durante la Presidencia para asegurar, “en todo momento, la protección de los consumidores”, según Escudero.

De acuerdo a estos ejes estratégicos, el Ministerio de Consumo impulsará durante la Presidencia española del Consejo de la UE “diversos” expedientes legislativos, el primero de los cuales se refiere al “empoderamiento” de los consumidores en la transición ecológica para proporcionarle una “mejor información y protección” ante posibles prácticas “desleales” y sobre el cual el gabinete de Garzón prevé cerrar “próximamente” las negociaciones con el Parlamento europeo.

El objetivo es “facilitar” que los consumidores puedan tomar decisiones de compra “con conocimiento de causa, basadas en información fiable” y contribuir así a un consumo “más sostenible”.

Asimismo, la directiva europea busca ofrecer “oportunidades de ahorro” a los consumidores mediante una "mayor participación" en la economía circular y "luchar" contra las prácticas comerciales "desleales". Por esta razón, se facilitará una “mejor información” sobre la “durabilidad y reparabilidad” de los bienes de consumo y se “fomentará” la comercialización de productos “más duraderos y con mayores garantías”, entre otras medidas.

Durante la Presidencia española del Consejo de la UE, el Ministerio de Consumo también trabajará en el “avance” de la directiva sobre normas comunes para garantizar “el derecho a reparar” con el objetivo de alcanzar un “mandato” del Consejo e iniciar las negociaciones en el Parlamento. La finalidad de esta normativa es ofrecer “incentivos” y herramientas que “prolonguen” la vida útil de los bienes de consumo y “aumente” la demanda de modelos de negocios “más sostenibles”.

En paralelo, para “favorecer” una economía “más ecológica y circular”, en la que los consumidores sean “los protagonistas”, España presentará una propuesta para “protegerlos” del “blanqueamiento ecológico”. “Queremos que los consumidores puedan acelerar la transición ecológica tomando decisiones de compra basadas en alegaciones y etiquetas medioambientalmente fiables”, argumentó Escudero en este sentido.

Por último, recordó que, durante este semestre, también se revisará la directiva sobre la seguridad de los juguetes para “contar con el nivel más alto de protección posible antes de su comercialización en la UE”, principalmente en lo referente a los “riesgos” que implican las sustancias químicas nocivas, y continuará la negociación de la normativa que busca ofrecer un sistema común para “resarcir” a los consumidores europeos de posibles “daños” causados por productos “defectuosos”.