En declaraciones a los periodistas, la consejera andaluza, Carmen Castillo, lamentó que la predecesora de Tolón, Pilar Alegría, “no convocaba jamás”. “Parece que hay un cambio”, aventuró.

Castillo señaló que su gobierno “está a favor de una bajada de ratio progresiva y planificada y de la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado”, pero revindicó que hay que negociarlo “con quien tiene competencias”. Por ello, pidió “que se retire el anteproyecto y se impulse un grupo de trabajo”.

También aseguró que el anteproyecto “no es realista”, pues este mes de marzo coincide con el periodo de escolarización cuando se habla de que la norma se empezará a aplicar en septiembre para algunos ámbitos educativos. También reclamó que se tenga en cuenta “la diversidad de territorios”.

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid, Mercedes Zarzalejo, también agradeció “el gesto de convocar de manera presencial” y se comprometió a “escuchar” a la ministra, mientras la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, Tomasa Hernández, que también aplaudió la presencialidad del encuentro, mostró su “descontento por el ninguneo y total falta de lealtad institucional en la redacción” del anteproyecto, pues “no ha contado para nada con las comunidades autónomas”. “La ministra no gestiona educación, salvo en Ceuta y en Melilla”, precisó.

Hernández también reclamó a Educación una memoria económica y técnica, que destalle los compromisos que entiende que se desplazan a las autonomías y que ahonde en el calendario de entrada en vigor y despliegue.

También habló a los periodistas el consejero de Educación de Navarra, Carlos Gimeno, que considera que el cómputo doble de los alumnos con necesidades educativas especiales no podrá entrar en vigor el próximo curso. Pidió que se conjugue “con una medida curricular que establezca un desfase de dos cursos”.