Son cálculos que se recogen en un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que, junto a otras organizaciones del colectivo como UPTA, lleva tiempo exigiendo al Gobierno que implante la Directiva europea del IVA franquiciado, cuyo plazo para implementarse ya ha concluido.

Según ATA, la exención de presentar declaraciones periódicas de IVA y de llevar una contabilidad específica para este impuesto (software, costes de asesoría, etc.) supondría un ahorro directo estimado en 25 euros mensuales, lo que equivale a 300 euros anuales por autónomo.

Además, estima que un autónomo dedica una media de dos horas mensuales a tareas administrativas relacionadas con el IVA (recopilación de facturas, tickets, preparación de liquidaciones, envío o visita a la Gestoría...), lo que se traduce en un coste medio de 660 euros al año por autónomo.

El Gabinete de Estudios de ATA proyecta que el coste para las arcas del Estado a nivel nacional se situaría en una horquilla de entre 625 y 650 millones de euros anuales. Esta estimación se basa en el cálculo de que unos 770.000 autónomos se acogerían al sistema, al cumplir los dos requisitos principales: tener ingresos inferiores a 85.000 euros y no tener un volumen de IVA soportado que haga más ventajoso permanecer en el régimen general.

Asimismo, ATA señala que la omisión legislativa del Estado español al no transponer la Directiva del IVA franquiciado genera un daño patrimonial directo, real y cuantificable para el colectivo de trabajadores autónomos.

La organización estima en más de 500 millones de euros anuales el sobrecoste administrativo y de gestión que los autónomos españoles están soportando innecesariamente. Ello afecta a un universo de 770.000 autónomos que, por su nivel de ingresos (inferior a 85.000 euros) y la naturaleza de su actividad (con escaso IVA soportado), serían los beneficiarios naturales del régimen.

La situación actual no solo supone una carga burocrática y económica desproporcionada, sino que sitúa a los autónomos españoles en una clara posición de inferioridad competitiva dentro del mercado único europeo. La implementación del IVA franquiciado no es solo una cuestión de cumplimiento con la normativa europea, sino una medida de justicia fiscal y de apoyo estructural a un pilar fundamental de nuestra economía. La omisión legislativa del Estado español genera un perjuicio de tracto sucesivo, materializado en una pérdida económica que se reitera y consolida año tras año mientras persista la demora en la adopción del régimen de franquicia”, concluye ATA.