El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad en la unidad alimentaria a largo plazo y reforzar la seguridad jurídica del tejido empresarial que opera en el recinto. También evitar la falta de inversiones en la infraestructura a raíz del horizonte temporal de 2032 que no permitía amortizar dichos proyectos.

La adopción de este acuerdo es un hito clave dentro de la hoja de ruta marcada por el Consistorio, tras el respaldo mayoritario obtenido en la Junta General de Accionistas de la empresa el pasado 31 de octubre.

Tras esta aprobación, el proceso culminará, previsiblemente, en el mes de diciembre, con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del nuevo modelo de gestión del servicio público, que permitirá la gestión directa a través de la empresa pública local Mercamadrid.