En declaraciones tras celebrarse la Comisión del ramo este lunes, Fernández criticó que la regularización se hizo "sin escuchar a las otras administraciones públicas implicadas", como comunidades autónomas y ayuntamientos. Consideró que se ha cometido una decisión "precipitada y quizá buscando el colapso". Detalló que, hace una semana, el Ayuntamiento recibía 1.500 peticiones de citas diarias, cifra que ascendió a 4.000 tras la entrada en vigor del decreto y a 5.500 al día siguiente, el jueves.

Añadió además que el Consistorio recibió la información sobre el certificado de vulnerabilidad necesario para este trámite el jueves cuando ya se estaba produciendo la "acumulación de citas", sin que este documento estuviera tampoco "consensuado" con las administraciones locales.

El delegado explicó que el certificado acredita la irregularidad y una situación de vulnerabilidad que el "Ayuntamiento podría no conocer". Aseguró que el Consistorio cumplirá la legalidad y emitirá el certificado solo cuando existan "antecedentes y una intervención social previa", ya que certificará "aquello" sobre lo que tiene información. Advirtió que sus servicios sociales no certificarán "aquello que no puedan acreditar", ya que podría darse el caso de que una persona con recursos económicos solicitara el certificado sin ser realmente vulnerable.

"¿Cómo vamos a hacer que un funcionario, un trabajador social certifique la vulnerabilidad si no tenemos información sobre esa vulnerabilidad?", reprochó. El delegado insistió en que esta regularización "unilateral", hecha "por cuatro votos de Podemos", tiene "graves consecuencias para el conjunto de la ciudadanía" y podría afectar a otros servicios esenciales prestados por los servicios sociales municipales, como teleasistencia, la ayuda a domicilio y la Tarjeta Familias. Lamentó que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no se haya dirigido al Ayuntamiento para coordinar la aplicación del decreto.

El Ayuntamiento no se plantea refuerzos en las oficinas de servicios sociales porque el decreto se aplicó "sin reforzar" ni ofrecer financiación para las plantillas. En esa línea, Fernández instó al Gobierno de España a sentarse con las administraciones públicas implicadas para "prestar el mejor servicio a la ciudadanía". Concluyó que la mejor decisión sería "retirar ese decreto de regularización y llevarlo a cabo de forma consensuada", alertando sobre el "efecto llamada" que podría tener y sus consecuencias, como el aumento de muertes en pateras.