En un comunicado, el Consistorio consideró que la acampada es "consecuencia directa de la dejación de funciones y la falta de diligencia" de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, o de la "deliberada decisión de permitir que esto ocurriera". Según añadió, se permitió incumplir la autorización de la manifestación previa, que discurrió por lugares no permitidos.

Además, el Ayuntamiento denunció que, cuando comenzaron los asentamientos ilegales, la Policía Nacional se retiró de sus emplazamientos. Por ello, exigió a la Delegación y al Ministerio del Interior una explicación para saber si este hecho se debió a una orden directa del delegado del Gobierno. Reclamó una aclaración no solo sobre la falta de intervención para evitar la acampada, sino también sobre la retirada de las unidades policiales.

El Ejecutivo municipal subrayó que a la Delegación del Gobierno le corresponde el control del orden público, especialmente en lo referente al derecho de manifestación. Sin embargo, lamentó que en esta ocasión no se adecuara a lo comunicado por los organizadores y a lo autorizado.

ANTECEDENTE DEL 15-M

En este sentido, el consistorio madrileño recordó que en el año 2011, con la protesta denominada 15-M, los desalojos fueron organizados y coordinados por la propia Delegación del Gobierno.

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid instó a la Delegación del Gobierno a no "mirar para otro lado ni cargar a otra administración con los problemas que causa su incapacidad e incompetencia". Por ello, le exigió que aborde "las consecuencias causadas por su "dejación de funciones" y reponga "la normalidad en la Puerta del Sol cuanto antes".