En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa explicó que el acuerdo adapta la normativa urbanística municipal para hacer posible la aplicación de la normativa autonómica. Sanz detalló que se trata de los nuevos regímenes especiales aprobados por la Comunidad de Madrid, con el fin de "incrementar la vivienda protegida en la ciudad y sobre todo también de acortar los plazos en el que se construyen esas viviendas".

Asimismo, indicó que la aplicación de esta normativa "ya está teniendo un impacto significativo en la generación de vivienda protegida en la ciudad". La estimación es que "podría llegar a movilizar hasta 20.000 nuevos hogares en Madrid". Esta ley se aprobó en 2024 por lo que ya cuenta con 5.187 hogares bajo su paraguas. No obstante con la modificación aprobada este 2026 se espera que se pueda llegar a esos 20.000 hogares.

En concreto a nivel técnico, lo que hace la ley regional es ampliar las posibilidades de desarrollo de vivienda protegida mediante tres modificaciones. En primer lugar, explicó Sanz, "se extiende la posibilidad de implantar uso residencial alternativo, siempre que se destine a vivienda protegida de alquiler, no solo en parcelas calificadas como uso terciario de oficinas, como ya se definió así en 2024, sino también en parcelas calificadas de uso terciario hospedaje y dotacional privado". Por lo tanto, la modificación es "una ampliación de lo que ya se había aprobado".

Por otra parte, "se incorpora un nuevo régimen que permite incrementar la densidad y la edificabilidad de parcelas sin edificar destinadas por el planeamiento a vivienda protegida y en parcelas pertenecientes a las redes públicas que se destinen a viviendas con protección pública". Por lo tanto con mayor densidad en esas parcelas habrá más viviendas protegidas. En último lugar contempla también la implantación de modalidades de alojamiento temporal en determinadas parcelas industriales vacantes situadas en suelo urbano consolidado".

La única posibilidad de la normativa que el Ayuntamiento ha decidido no aplicar es la posibilidad de crear vivienda en las parcelas que se ubiquen en ámbitos industriales con un "uso cualificado en coexistencia con el con el industrial". "Esta decisión que se toma desde el ámbito de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid responde pues a la incompatibilidad de usos establecida en el planeamiento vigente y también a que entendemos que existe una ausencia de servicios en esas zonas industriales como equipamientos, dotaciones que requiere un residencial y que por lo tanto no hacen que sea adecuada esa esa posibilidad".