Así lo indicaron fuentes del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio planificó en 2024 una reforma integral de los apartamentos para paliar patologías estructurales, humedades y otras deficiencias con una inversión de 3,8 millones de euros. Las obras, que deberían haberse iniciado en octubre de 2024, todavía no han podido ejecutarse por la negativa de cuatro personas a abandonar el edificio, a pesar de que los técnicos municipales establecieron que la rehabilitación debe realizarse libre de ocupantes por la propia seguridad de los usuarios.

El Ayuntamiento hizo una llamada a la responsabilidad de estos usuarios, que no fue atendida, y finalmente pudo desalojar a dos de ellos con aval judicial. No obstante, otro auto conocido este lunes el juez considera que no consta en el expediente de las obras "un informe de naturaleza técnica que presente las explicaciones o justificaciones que hacen imperativa la necesidad" del desalojo. El auto añade que "no queda absolutamente descartado que no se puedan compatibilizar las obras de rehabilitación con la permanencia en el inmueble del interesado" y que la Administración debería haber aportado una prueba "más sólida y evidente".

Según el Consistorio, con su actitud, estas personas ponen en riesgo su integridad física y bienestar y perjudican a los 57 usuarios que desde hace año y medio esperan el comienzo de las obras mientras se encuentran reubicados en residencias, donde se les ofrece una atención integral, o alojados en otros espacios, según sus preferencias.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el auto y decidiendo sobre una posible apelación. Cuando la reforma pueda realizarse y termine, todos los usuarios volverán al mismo apartamento en el que residían y con las mismas condiciones económicas. Además, la reforma permitirá disponer de 7 plazas adicionales en apartamentos que ahora no pueden ser habitados por sus deficiencias.