En un escrito fechado este 29 de septiembre y dirigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, la vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, repasa los hechos previos a la acampada. En él sostiene que, tras la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, un grupo de unas 200 personas alteró el recorrido previsto y desplegó entre 30 y 40 tiendas de campaña en la Puerta del Sol.

Según el Ayuntamiento, la Policía Municipal solicitó “hasta en dos ocasiones” la actuación del Cuerpo Nacional de Policía para hacer frente a la situación.

El texto denuncia que los contactos de la Policía Municipal con los mandos de la Policía Nacional fueron "totalmente infructuosos", ya que desde el Cuerpo Nacional de Policía se alegaron "instrucciones precisas de que fuese tratado como una supuesta ocupación de vía pública". El Ayuntamiento califica esta actitud de "dejación de funciones" y carga contra "la inacción de la Delegación", por una orden que a su juicio "supone un flagrante incumplimiento del ordenamiento jurídico, además de ser un riesgo cierto para la seguridad e integridad física de las personas".

"MOVILIDAD EN LA ZONA"

Sanz advierte de que la concentración está generando "importantes dificultades para la movilidad en la zona" y un "riesgo para la integridad y seguridad" de los acampados y del entorno. Además, asegura tener constancia de "determinados altercados" en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como el "arrojo de pintura" y personas subiéndose "a los balcones", así como un "uso inadecuado de elementos urbanos" e "incidentes violentos" dentro de la acampada.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Madrid "requiere formalmente" a la Delegación del Gobierno que, de forma "inmediata", adopte las medidas a su alcance para disolver la concentración. El escrito finaliza con la advertencia expresa de que, si la Administración no actúa para restablecer la legalidad, "se llevarán a término las acciones legales que procedan".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya lanzó ayer esta advertencia tras rechazar que deba ser la Policía Municipal a quien corresponde llevar a cabo el desalojo. Fuentes del Gobierno municipal aseguraron a Servimedia que el Ayuntamiento podría incurrir en problemas legales si optara por levantar directamente con sus medios la manifestación.

AMENAZA DE ACCIONES LEGALES

En esa línea, dieron por hecho que tendrán que emprender las acciones legales de las que avisa el escrito. Señalaron que en este caso se ha "sobrepasado" el derecho de reunión solicitado inicialmente para la protesta del sábado, pero el Ayuntamiento podría incurrir en una posible violación de derechos fundamentales actuando por su cuenta y sin el debido respaldo jurídico.

Las mismas fuentes subrayaron que la potestad de levantar la protesta es de quien debía haber velado inicialmente porque se produjera en los términos en los que estaba autorizada. Asimismo, mostraron su desconfianza en el relato del Sindicato de Inquilinas que apunta a una movilización improvisada tras la manifestación del sábado y sin ninguna preparación previa.