Ayuso realizó estas declaraciones durante un acto centrado en el desarrollo de la industria de los drones, en el que fue preguntada sobre el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros. En ese contexto, la presidenta regional reclamó "respeto para Madrid" y para el modelo que sus ciudadanos han elegido "en las urnas", cuestionando que se limite la colaboración público-privada en sanidad y dejando entrever que la norma estatal va contra modelos que funcionan.

Según explicó Díaz Ayuso, el sistema madrileño permite a los pacientes elegir hospital dentro de la red sanitaria y utilizar centros de gestión privada para derivar actividad asistencial, lo que, a su juicio, "contribuye a mejorar el acceso a la atención sanitaria y a reducir los tiempos de espera".

En este sentido, aseguró que Madrid comenzaba 2026 con las listas de espera quirúrgicas más bajas de España, establecida en 49 días frente a los 148 de Cataluña, o comparado con los 118 días de media para operarse en el país, de acuerdo con los últimos datos citados por el Ejecutivo autonómico.

La presidenta madrileña sostuvo que el anteproyecto de ley introduce requisitos adicionales para externalizar la gestión de hospitales públicos, al establecer la gestión privada como una opción excepcional, sujeta a informes previos, evaluaciones técnicas y a la acreditación de que no es posible la prestación directa por parte del sector público.

Desde la Comunidad de Madrid se considera que estas condiciones "pueden dificultar el uso de recursos asistenciales complementarios y afectar tanto a la libertad de elección de los pacientes como a la capacidad de respuesta del sistema sanitario en situaciones de alta demanda".

El Gobierno Central, por su parte, defiende que la nueva norma refuerza el control público del gasto sanitario, la transparencia y la rendición de cuentas, y subraya que no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a conciertos y contratos ya vigentes.

El anteproyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria, un proceso en el que las comunidades autónomas y los grupos políticos podrán presentar enmiendas y propuestas de modificación al texto.