Ayuso, que hizo estas declaraciones durante la clausura de la ‘Jornada Ley de Mercado Abierto: hacia la unidad de mercado’, celebrado en Cunef Universidad, dijo que su ley generará una riqueza de 4.000 millones de euros, con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,6% y 50.000 nuevos puestos de trabajo, según estimaciones del Ejecutivo autonómico.

“España ha arrojado grandes proyectos empresariales a largo de su historia, tenemos los mejores ingenieros, médicos y emprendedores, grandes y pequeños, conocidos y anónimos. Todos están deseando emprender, innovar y ayudar a nuestro país a prosperar”, afirmó la presidenta, quien, sin embargo, indicó que “el exceso de burocracia, de normas, de reglas de exigencias ha llenado de fronteras la geografía española e impide a sus empresarios buscar nuevas oportunidades entre comunidades”.

Asimismo, Ayuso aseguró que “el Gobierno de la Comunidad Madrid tiene claro que todo lo que pase en las demás regiones españolas no puede sernos indiferentes, que la prosperidad de todos los territorios es cosa de todas las administraciones, que somos un gran país y debemos operar como tal”.

ELIMINAR TODAS LAS BARRERAS

Explicó que esta Ley de Mercado Abierto persigue “reconocer las licencias, tasas o regulaciones del resto de regiones y hacerlo como propias”.

Para eso, añadió, se busca “eliminar todas las barreras que tenga una empresa de cualquier lugar de España a la hora de ejercer su actividad en Madrid sin que se le exige a licencia o permiso adicional”.

“De esta manera, una empresa de mudanzas de Valencia o Zaragoza no va a necesitar inscribirse en el Registro de Empresas de Mudanzas de la Comunidad de Madrid y un pequeño empresario de Albacete que se dedique a la gestión de residuos tampoco necesitará una nueva licencia para operar aquí”, explicó.

Dijo que se trata, en definitiva, de un “paso más” del Ejecutivo regional para “allanar el terreno a quienes vienen a generar riqueza y puestos de trabajo y que se encuentran con normativas autonómicas diferentes, además de soportar nuevas cada año que suponen más trámites y requisitos a los que tener que ajustarse”.

La jornada, en la que se dieron cita académicos, economistas y juristas para analizar los efectos de la fragmentación regulatoria y la necesidad de caminar hacia el libre comercio, fue inaugurada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, quien puso de manifiesto la problemática de los que quieren emprender y el “gasto en tiempo y recursos que conlleva conocer y ajustarse a toda la regulación y realizar todos los trámites requeridos”.

“Los efectos de la heterogeneidad entre administraciones no sólo dificultan la puesta en marcha de negocios, también tiene un impacto negativo en los ya existentes y en los consumidores”, concluyó.