Así lo señaló durante su participación en el acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde criticó que la legislación nacional plantea, “entre otros problemas, un tremendo impacto económico”.

“Según el cálculo de las propias universidades, un sobrecoste de más de 100 millones de euros, contando sólo las universidades públicas de la región”, resaltó. Además, sostuvo que el objetivo de la nueva ley autonómica será “paliar las deficiencias y el lastre de la “pésima” normativa estatal en esta materia” con la LOSU -Ley Orgánica del Sistema Universitario-.

También denunció que “lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad” lo que hace la ley nacional es “allanar el camino a la politización de los campus”. “Con tal fin, se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación”.

La Ley regional de Universidades abordará cuestiones como la nueva normativa de contratación del personal laboral. Para ello, el Ejecutivo Autonómico ya está trabajando en una comisión que tiene como objetivo velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a satisfacer las necesidades docentes.