Durante la inauguración de un curso de verano de la Fundación FAES, Aznar advirtió de que la nueva norma pretende "erradicar la enseñanza del español en la escuela" con el fin de falsear "la realidad del uso social" del castelano y del catalán en esta comunidad.

Aznar adujo que "no se trata de los derechos de las lenguas" sino de quienes las hablan, "no se trata de un problema de identidad" de Cataluña sino que a la comunidad se le priva de un "componente esencial de su identidad" y "no se trata de ninguna reivindicación social" porque hay una mayoría que utiliza el castellano.

"Estas decisiones, que son hijas del fanatismo y del sectarismo, agreden derechos fundamentales de las familias y nos empobrecen como sociedad, empezando por empobrecer a quienes directamente los sufren, los catalanes y Cataluña", dijo.

Aznar tachó de "enorme error" la reforma y avisó que serán los niños catalanes quienes paguen las consecuencias, especialmente los niños de familias con menos recursos porque "los niños catalanes ricos ya se encargan sus familias de enseñarles castellano debidamente".

Insistió en que el daño que se causa a las familias resulta "verdaderamente un error clamoroso" porque "no se respeta la libertad de las personas, cuando a esas personas se les niega el legítimo derecho a elegir asuntos fundamentales de su vida y de sus hijos".

Aznar arremetió especialmente contra el Gobierno de Zapatero por no defender a las familias de la nueva ley aprobada en Cataluña con el apoyo del Partido Socialista.

"Es muy triste escuchar al Gobierno de la Nación decir que las familias, en una parte de España, tienen que asimilar que no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua común de todos los españoles. Aunque tampoco nos puede sorprender cuando ese mismo gobierno tiene dificultades para distinguir la vida humana de lo que no lo es", apostilló.

Aznar aprovechó la presencia a su lado del eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja, encargado de abrir el curso de verano de FAES, para pedirle desde las instituciones europeas aproveche para poner en marcha los "instrumentos de protección" que permitan defender los derechos de los ciudadanos catalanes que se sienten vulnerados por la nueva ley.