El Consell de Govern balear aprobó el pasado 31 de octubre el nuevo proyecto, que sustituirá a la actual normativa, de 1987, cuya principal novedad es que, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, las prestaciones sociales serán entendidas como un derecho de quien las percibe, como es el caso, por ejemplo, de Navarra.

El proyecto de ley incluye unos derechos básicos como son el alojamiento, la alimentación y el vestuario, y prevé la elaboración de dicha una cartera básica de servicios sociales que serán de prestación obligatoria por parte de las administraciones.

El texto también incluye como novedad la figura del profesional de referencia, de forma que cualquier persona que acceda a los servicios sociales tengan uno asignado, del mismo modo que pasa con la sanidad con la figura del médico de cabecera.