El Pleno del CGPJ del pasado 8 de octubre acordó no admitir a trámite la petición del exjuez para que se revisaran de oficio y anularan los acuerdos del Consejo de 2012 que le apartaron de la carrera judicial, con el argumento de que la condena por prevaricación de la que fue objeto sigue siendo “válida” mientras “no sea revisada".

En un nuevo escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces, Garzón repite que el citado órgano de las Naciones Unidas reconoció en julio de 2021 que fue blando de una triple vulneración de sus derechos fundamentales al ser apartado de la judicatura.

Asegura que la resolución del Comité de Derechos Humanos es vinculante y de obligado cumplimiento y acusa al CGPJ de intentar evitar un procedimiento ordinario para rehabilitarle convirtiendo en “papel mojado carente de más mínimo valor jurídico" el dictamen de la ONU.

Recuerda que el dictamen resolvió que "fue privado de su cargo público", como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sin haber sido sometido a un tribunal "independiente e imparcial"; sin derecho a "doble instancia o apelación” y sin posibilidad de "obtener una resolución no arbitraria y previsible".