En un comunicado conjunto de las dos patronales, rechazaron así el anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo que se prorrogará junto con el impuesto a las energéticas durante un año.

La AEB y la CECA manifestaron que el impuesto tiene “efectos negativos” sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional. Además, consideraron que la decisión de extenderlo “afecta negativamente a la competitividad del sector” y a “la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia”. Recordaron que el Banco Central Europeo (BCE) ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen.

Así, juzgaron que la decisión del Ejecutivo “no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades, y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias”.

No obstante, manifestaron que “el sector seguirá trabajando para dar soluciones a sus clientes y reforzando su compromiso con la sociedad, tal como ha ido anunciando en los últimos meses con mejoras en la atención personalizada a los mayores, la inclusión financiera en la España rural y la ampliación del Código de Buenas Prácticas Hipotecarias”.

Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó hoy la ampliación de las medidas de alivio hipotecario a rentas de hasta 38.000 euros anuales aproximadamente desde el límite actual de 29.400 euros.