El anteproyecto de Ley que limita los intereses de los créditos al consumo recoge que el Banco de España será el organismo que supervise su cumplimiento y “podrá prohibir o restringir la comercialización, la distribución o la concesión de los créditos" y un tipo de práctica comercial concreta cuando suscite “una preocupación significativa desde el punto de vista de los derechos del consumidor” o suponga “una amenaza grave para el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados de crédito”.