Hernández de Cos compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, dando inicio a la ronda de comparecencias de distintos cargos gubernamentales e institucionales por las cuentas públicas para el próximo año.

El gobernador del Banco de España consideró que la estimación de ingresos públicos en su conjunto “parece factible, teniendo en cuenta la posible infraestimación de ingresos públicos que contempla el proyecto de PGE para el año 2022”.

Destacó que la previsión del Gobierno de los ingresos tributarios, con un crecimiento del 7,6%, es ligeramente inferior a la considerada por el Banco de España, mientras que la estimación de la tasa de aumento de la recaudación por cotizaciones sociales (7,4%) es, por el contrario, algo superior a la proyectada por el Banco de España (6%).

Respecto al impacto de la inflación en los ingresos, según los cálculos del organismo, en torno al 70% del crecimiento acumulado entre 2021 y 2022 de la recaudación impositiva tiene que ver con el avance de las bases imponibles, lo que se justificaría por la expansión de la actividad real, y en torno a dos tercios del incremento de las bases procedería del aumento de los precios.

Mientras, en torno al 30 % de los ingresos impositivos en los últimos trimestres “no parece deberse la evolución de las bases imponibles nominales”, sino a la existencia de “elevados residuos impositivos positivos”, que el gobernador definió como aquellos que no pueden explicarse ni por las medidas fiscales ni por la evolución de las bases imponibles y que pueden deberse a múltiples factores como el afloramiento de economía sumergida.

Al respecto, Hernández de Cos pidió que no se tomen como “permanentes” estos ingresos públicos calificados de “residuos”.

PENSIONES

En la parte de los gastos presupuestados para 2023, Hernández de Cos destacó la subida salarial de los empleados públicos del 9,5% entre 2022 y 2024 y el repunte del coste en Seguridad Social.

Sobre este último, avisó de que existen “algunos riesgos al alza” en la partida de pensiones que provienen, de un lado de la revalorización estimada del 8,5% por el Gobierno -el Banco de España calcula un 8,7%-, y de otro, del incremento del número de pensiones previsto para 2023 del 0,7%, dos décimas por debajo de lo esperado en 2022 y de la media de los últimos cinco años. A esto se suma el incremento de la pensión media adicional a la revalorización acordada, que resulta principalmente de la incorporación de pensionistas con prestaciones más elevadas que las de quienes causan baja.

Entre los gastos también se encuentran los derivados del pago de intereses de la deuda y el Banco de España calcula un crecimiento de esta partida del 19,7% frente al 11,4% del Gobierno.

En materia de pensiones, el gobernador también incidió en que el impacto de los precios sobre el gasto se materializará el próximo año e indicó que, por cada punto porcentual de revalorización, el gasto agregado aumentaría en unos 1.800 millones de euros, lo que supone 15.300 millones de euros de coste solo por la revalorización.

Sobre el aumento de los sueldos de los funcionarios, Hernández de Cos también indicó que, por cada punto porcentual de revalorización, el gasto de personal se elevaría en aproximadamente 1.400 millones de euros y teniendo en cuenta que la de 2023 será del 2,5%, con la posibilidad de sumar 0,5% adicional si el IPC armonizado de 2022 más el adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, y otro 0,5% si el PIB igualase o superase al estimado en el cuadro macroeconómico. Esto supone un coste de hasta 4.900 millones en 2023 que, junto al de las pensiones alcanzarían conjuntamente los 20.200 millones.

Respecto al déficit público, Hernández de Cos también destacó que la previsión gubernamental de que se reduzca en 1,1 puntos sobre el PIB, hasta el 3,9% en 2023, también “parece factible” si se tiene en cuenta que “es probable que el déficit público acabe por debajo de la estimación oficial en 2022”, en cerca de siete décimas si se toma como referencia el déficit público estimado en las últimas proyecciones del Banco de España.

Puntualizó que “este mejor registro en 2022 podría compensar las desviaciones que podrían producirse en el caso de que se materializara un menor crecimiento que el previsto”.

Como recomendaciones generales en el ámbito fiscal, el gobernador insistió en que las medidas de estímulo se focalicen en los más vulnerables, que sean temporales, que se defina un plan de consolidación “ambicioso” a medio plazo y se haga una “selección cuidadosa” de los proyectos a financiar con los fondos europeos.

PACTO DE RENTAS

Por otra parte, el gobernador volvió a insistir en que se acuerde un pacto de rentas a varios años que incluya la evolución de los salarios y de los márgenes empresariales. Avisó de que ese pacto debería alcanzar a empresas, hogares y a las propias administraciones públicas, de manera que estos agentes "interioricen la pérdida de renta" derivada de la inflación.

El Banco de España sigue observando que las presiones inflacionistas se han trasladado "de forma muy contenida" a los salarios pactados y a los márgenes empresariales. No obstante, advierte de que la presencia de cláusulas de salvaguarda para los salarios y la traslación del repunte de los costes a los precios finales "han aumentado".