Fuentes próximas a la investigación revelaron a principios del pasado mes de agosto que, antes de patir de vacaciones, el magistrado dejó concluso el informe, de unos 45 folios de extensión, cuyo texto fue grabado en un disco informático y permanece bajo custodia en la caja fuerte del Alto Tribunal.

Barbero basa su resolución en el informe elaborado por los inspectores de Hacienda adscritos al caso, en el que los peritos aseguraron que Filesa y Time Export, sociedad de la que era accionista el senador Sala, recibieron más de mil millones de pesetas de bancos y empresas por operaciones comerciales inxistentes.

Los inspectores de Hacienda estimaron que esta actividad ilegítima supuso una deuda tributaria de más de 300 millones, en el caso de las empresas que encargaron informes al "holding", y de alrededor de 5 millones en el caso de Filesa y Time Export.

Asimismo, hicieron notar que esta actividad conllevó la falsedad documental, ya que existen anotaciones contables ficticias en los libros de las sociedades implicadas, que además emitieron y utilizaron facturas falsas.

Una vez elevada ala Sala su petición, el Alto Tribunal dará traslado al fiscal y al resto de las partes personadas para que emitan su opinión, antes de tomar una decisión final sobre la remisión a la Cámara Alta de la petición de suplicatorio.

El fallo puede ser recurrido, lo que alargaría sensiblemente el proceso, pero si finalmente la Sala accede a cursar el suplicatorio, la investigación quedaría paralizada de inmediato hasta conocerse la resolución del Senado al respecto.

La concesión del suplicatorio supondra, a juicio de las partes consultadas, el verdadero inicio de la investigación del "caso Filesa", ya que hasta el momento muchas diligencias no se han podido practicar ante la imposibilidad de actuar contra el aforado.

Entre otras cuestiones, Barbero declinó investigar las cuentas bancarias y la situación tributaria del senador hasta contar con la autorización de la Cámara, información que sí requirió en lo que respecta al resto de los querellados, el ex diputado Carlos Navarro y los administradores dl "holding", Alberto Flores y Luis Oliveró.

Además, Barbero espera fijar la fecha para citar a declarar a 18 nuevos testigos, a petición del fiscal, entre los que figuran representantes de empresas como el BBV, Banco Central Hispano, ABB, Catalana de Gas, Enasa y Cepsa, empresas que encargaron informes a Filesa que nunca se llegaron a realizar, según la opinión de los peritos.

Por su parte, la Sala está pendiente aún de resolver otras cuestiones como la ampliación de querella planteada por el aboado José Emilio Rodríguez Menéndez, haciendo responsables últimos de las irregularidades detectadas a Felipe González, Alfonso Guerra y "Txiqui" Benegas.