A su juicio, "es un tema que la Diputación Permanente no debería dejar de tratar porque tiene unas ciertas analogías y similitudes" con lo que establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según este artículo, "firmado un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas amadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función pública o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Para la representante de la asociación Francisco de Vitoria, dada la actual situación de libertad provisional bajo fianza de 15 millones de pesetas del ex ministro del Interior, no se puede decretar de forma "automática" la suspensión del acta de diputado de Barrionuevo.

Asimismo, Tardó advirtió que "la libertad provisional bajo fianza no es en modo alguno asimilable a la prisión", por lo que no se le puede aplicar plenamente el contenido del articulo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.