La petición fue realizada hoy por el fiscalde la Audiencia Enrique Molina en un informe remitido al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a quien el juez Baltasar ha pedido opinión sobre si cabe actuar contra los aforados vascos que incumplieron el auto de disolución de la coalición "abertzale".

A este respecto, el fiscal Molina argumenta que es procedente encomendar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que estudie si no disolver los grupos que Batasuna tenía en estas instituciones puede ser constitutivo de los dlitos previstos y penados en el artículo 410 del Código Penal.

Dicho artículo establece que "las autoridades que se negaran abiertamente a dar el debido cuimpliento a las resoluciones judiciales incurrirán en un delito castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años".

COMPETENCIA VASCA

Para el fiscal Molina, en los acuerdos del Parlamento vasco y de las Juntas vizcaínas por los que se negaron a cumplir el auto sobre Batasuna se aprecia "a primera vista" una esponsabilidad "atribuible a personas que gozan de aforamiento", quienes sólo pueden ser investigadas por el Tribunal Superior vasco.

Entre las razones que el Parlamento de esta comunidad esgrimió para no ejecutar el auto sobre la coalición "abertzale" se encontraba la de que esta resolución no era firme. El fiscal recuerda, a este respecto, que la decisión del juez fue confirmada el pasado mes de octubre por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Este informe de Molina ha sido remitido alfiscal general del Estado, quien deberá decidir si encomienda la investigación a la Fiscalía vasca o si, por el contrario, decide que el Ministerio Público no actúe en este asunto.

Tanto el informe conocido hoy como la postura que tome el fiscal general se producen después de que Garzón dictase el pasado 14 de noviembre un auto en el que preguntaba a Cardenal si procede actuar contra el Parlamento vasco por incumplir el auto de disolución de Batasuna.