En opinión del PNV esta sentencia culmina "un proceso viciado desde su origen", desde la propia Ley de Partidos Políticos, "Ley de caso único aprobada exclusivamente para ilegalizar a Batasuna, EH, HB".

El PNV explica en un comunicado que la sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo de 28 de Marzo de 2003, "al aplicar una Ley que vulnera todos los principios generales del derecho convencionalmente aceptados en los estados democáticos, es una sentencia arbitraria y antijurídica en los términos que este partido ha explicado exhaustivamente".

Asimismo añade que el procedimiento de defensa de AUB y las plataformas electorales existentes en más de 250 municipios es un procedimiento que genera la más absoluta indefensión, por no haberse notificado a numerosas plataformas las razones de su ilegalización; por desarrollarse sus trámites en días festivos en donde algunas de ellas no han podido conseguir un procurador en Madrid que maerialmente les presente las alegaciones; alegaciones que en numerosas ocasiones se han tenido que fundar en las páginas Web de periódicos como El Mundo y El País; la consideración obvia de que en dos días es físicamente imposible analizar de forma jurisdiccionalmente correcta las singularidades de más de 250 plataformas.

A todo lo anterior hay que añadir que la acumulación en un único recurso de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado está expresamente prohibida por la Ley de Partidos Políticos (or eso se han cometido tantos errores incluyendo en el recurso a plataformas próximas a EAJ-PNV a EA a Izquierda Unida y otras carentes de ideología).

El PNV señala que "la sentencia del Tribunal Constitucional ha conseguido lo que el señor Javier Arenas en un pelicular "lapsus linguae" ha anunciado, que la izquierda abertzale no se va a presentar a estas elecciones, se acomete lo que siempre hemos denunciado: se amputa ilegítima y antijurídicamente la representación política de una parte significativ de la ciudadanía de Euskadi".

Concluye que "la explicación puede estar en la desaparición real del principio de separación de poderes en el estado español y la propia composición del Tribunal Constitucional: doce magistrados de los cuales cuatro designa el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno español y dos el Consejo General del Poder Judicial".