Así, solicita la nulidad de aquellas resoluciones que "hayan determinado decisiones definitivas en la isntancia y en las que, por defectos de forma en los actos procesales, han generado efectiva indefensión a las acusaciones populares" de UGT, CCOO, AUSBANC y Manos Limpias.

UT y CCOO habían solicitado la personación como acción popular, pero el juez limitó su presencia en el caso como acusación particular, lo que fue recurrido por ambos sindicatos, que alegaron que no tenían el dinero para depositar la fianza que se requiere para ejercer tal acusación.

En el caso de Ausbanc y Manos Limpias, el fiscal Anticorrupción explica que estas dos agrupaciones solicitaron su personación como acción popular el pasado 12 de abril.

"El auto resolviendo once meses más tarde sobre ua solicitud cursada el 12 de abril de 2002 [...] merece ser impugnado por razones procesales y porque revela que tales entidades no han podido formular alegaciones, ni solicitar diligencias de investigación, en ninguna de las piezas dimanantes de las presentes actuaciones, lo que constituye una vulenaración del derecho a la tutela judicial efectiva", argumenta el fiscal.

Este caso comenzó en abril de 2002, cuando Garzón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decidió asumir el caso de las cuentas scretas del BBVA en el marco del sumario relativo al BBV Privanza, entidad a la que entonces investigaba en relación con una supuesta red de evasión fiscal.

Así, el caso fue ampliándose, de modo que la investigación se centró en primer lugar, en las posibles defraudaciones realizadas a través de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company, que ahora, y según se desprende del informe del Banco de España, habría sido utilizada para establecer estructuras o trust directamente encaminados a ocultar, frente aterceros, importantes cantidades.

Garzón también investigó el caso de los fondos que el BBV constituyó en Alico, con el fin de compensar a sus consejeros con dinero extracontable procedente supuestamente de las cuentas secretas que el banco tenía en el paraíso fiscal de Jersey.

El magistrado decidió dar por concluida la investigación de esta parte del caso el pasado 10 de enero, manteniendo la imputación de sólo cinco de los 25 imputados, Emilio Ybarra y cuatro ex altos cargos del banco: Juan Urrtia Elejalde, Jose María Concejo Alvarez, Luis Bastida Ibargüen y Rodolfo Molinuevo.

Otra parte de la investigación trata de esclarecer la trama iberoamericana con operaciones dirigidas al blanqueo de capitales y a controlar bancos en países como Perú, México y Colombia, según el Ministerio Público.