Según el informe de BBVA Research, cuando la red eléctrica no dispone de capacidad suficiente, los nuevos desarrollos urbanísticos necesitan reforzar la infraestructura existente o construir nuevas subestaciones antes de poder conectarse. Este proceso puede retrasar la ejecución de las promociones entre cinco y ocho años debido a la planificación, las autorizaciones administrativas, la evaluación ambiental y la propia construcción. El estudio cita como ejemplos proyectos residenciales afectados en la Comunidad de Madrid, Vélez-Málaga, Estepona y Aragón.

El impacto de esta falta de capacidad no afecta por igual a todo el territorio. El análisis identifica a Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Castellón, Toledo, Granada, Cádiz, Almería, Zaragoza, Lleida o Jaén entre las provincias donde la capacidad disponible es insuficiente. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el suelo previsto permitiría construir 126.000 viviendas, pero la red actual solo podría abastecer a unas 40.000. Situaciones similares se dan en grandes desarrollos de Valencia, Alicante, Sevilla y Murcia, que requerirán inversiones adicionales para garantizar el suministro.

El estudio explica que la regulación de la pasada década limitó el ritmo de inversión en redes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, lo que hoy dificulta responder al aumento de la demanda. Aunque desde 2020 se han incorporado medidas para evitar el acaparamiento de capacidad y a partir de 2026 la vivienda será considerada un proyecto estratégico, la efectividad de este marco dependerá de su desarrollo reglamentario. El rápido despliegue de renovables ha provocado que el 88% de los nudos de distribución disponga de menos de un megavatio de capacidad firme.

BBVA Research advierte también de que la demanda eléctrica podría aumentar un 45% hasta 2030 por la electrificación de hogares, industria y transporte, lo que intensificará la competencia por la capacidad. Por ello, el informe concluye que es clave acelerar la inversión en redes.

Para ello, identifica cuatro líneas de actuación: acelerar y anticipar la inversión en redes, mejorar la coordinación entre la planificación urbanística y la eléctrica, optimizar la asignación de capacidad y, finalmente, impulsar el almacenamiento energético y la flexibilidad del sistema.