El informe está firmado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, quien señala que “es habitual” que en las y cátedras extraordinarias “participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”.

El instructor entiende que Begoña Gómez utilizó la cátedra extraordinaria para lucrarse, hacer contactos y proyectar su carrera profesional, una tesis que descarta el informe puesto que este tipo de actividad se define como una actividad “sustancialmente altruista” que “no está normalmente retribuida”.

“No tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esa sociedad o que una de las cátedras extraordinarias de la Complutense financiada por la ONCE se crease para fortalecer el currículum profesional del presidente de esa organización”, indica el informe.

Gómez no sólo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año por los dos másteres que impartía en la Complutense y nunca cobró por las tareas de codirección de la cátedra, algo que no podía hacer porque no era funcionaria de la Universidad. Peinado, por su parte, sostiene que esa cátedra supuso una herramienta de “desarrollo profesional” para la esposa del presidente y habla de “remuneración” por sus servicios.

El juez también cree que Gómez incrementó su patrimonio con los fondos privados que hicieron aportaciones a la cátedra. Reale Seguros hizo una aportación de 60.000 euros para la puesta en marcha de los cursos y Fundación la Caixa acordó una aportación anual de 15.000 euros. Por otra parte, Indra, Google y Telefónica pagaron el desarrollo de un software para la cátedra.

Sobre este punto, el informe señala que la administración y gestión de los fondos económicos que aportan las empresas dependen “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad” y se realiza “de acuerdo con la normativa financiera de la Universidad y bajo la supervisión de sus órganos competentes”.

El escrito expone que estas cátedras son un modelo de “colaboración público-privada” pensado para atraer financiación externo y que normalmente es la persona vinculada al ámbito privado la que se encarga de gestionar la relación con los patrocinadores, de captar recursos y de diseñar los contenidos del curso.