Un día antes, el 10 de septiembre, está también llamada a declarar la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez. Ambas están imputadas por el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación de fondos públicos al haber realizado la asesora labores relacionadas con la actividad privada de la esposa de Pedro Sánchez.

En su escrito, el letrado Antonio Camacho indica que “tiene señalada con anterioridad una declaración ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona”, por lo que pide que se anule el interrogatorio y “se acuerde en su lugar nueva fecha para su práctica”.