La mujer de Pedro Sánchez accedió a los Juzgados de la Plaza de Castilla por el aparcamiento, un cuarto de hora antes de las 18.00 horas, momento en que estaba citada. Acudió acompañada de su abogado, Antonio Camacho, y a bordo de un vehículo escoltado por otro de seguridad.

Su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, a la que también se le impuso la entrega del pasaporte, pasó ayer martes por el juzgado para cumplir con lo acordado por el juez, a instancias de la acusación popular dirigida por la organización ultracatólica Hazte Oír.

El juez Juan Carlos Peinado había citado a las 18 horas a Begoña Gómez, a la que exigió su comparecencia personal y que comunicara al juzgado si tiene algún pasaporte adicional, ya sea diplomático o de otra nacionalidad, que también debía entregar.

El instructor acusa a las dos de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También está investigado en esta causa el empresario Juna Carlos Barrabés, al que atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Como medidas cautelares el juez impuso a Gómez y Álvarez la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del territorio nacional, y la comparecencia periódica en el juzgado cada 15 días. El juez aprecia riesgo de fuga y señala que los escoltas que la acompañan podrían colaborar en eventual fuga o recibir órdenes para hacerlo.

Esta afirmación ha generado malestar tanto en el Gobierno como entre los sindicatos de Policía, lo que ha motivado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pida que se investigue a Peinado por la autoridad disciplinaria, que decidirá si ha cometido una infracción grave.

La defensa de Gómez recurrió las medidas cautelares impuestas por entender que son “desproporcionadas” y esgrimiendo que no hay ningún riesgo de que la esposa del presidente trate de eludir la acción de la justicia.