Así lo anunció el departamento de Ione Belarra en un comunicado en el que calificó estos incidentes como "inaceptables en un Estado de derecho" y consideró que "no deben tener cabida en una sociedad plural, diversa y democrática como la nuestra".

En paralelo, reclamó a las autoridades “competentes” la adopción de “las medidas necesarias” para “proteger” a estas familias y les instó a “restaurar lo antes posible la convivencia pacífica" en el municipio.

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales y presidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Ignacio Álvarez, así como la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales y vicepresidenta primera del organismo, Patricia Bezunartea, y su vicepresidenta segunda, Carmen Santiago, emitieron un comunicado en el que manifestaron su “más contundente repulsa y consternación” por el homicidio de un joven el pasado 17 de julio en esta localidad jienense y trasladaron su “más sentido pésame” y “toda” su “solidaridad” a la familia de la víctima por unos hechos que, a su juicio, “jamás debieron producirse”.

En paralelo, quisieron “lamentar y condenar” los hechos producidos con posterioridad y de los que están siendo víctimas “otras personas y familias gitanas”, que, a su entender, se están viendo “acosadas y amenazadas como responsables de un hecho que no han cometido”.

“Estos incidentes y las actitudes mostradas contra ellos por una parte de la ciudadanía son inaceptables en un Estado de Derecho”, espetaron, coincidiendo con Derechos Sociales, al tiempo que puntualizaron que ya se están “investigando” e insistieron en que “no tienen cabida en una sociedad plural, diversa y democrática como la nuestra”.

Por ello, emplazaron a las autoridades competentes a que tomen “las medidas necesarias” para “proteger” a estas familias y a “restaurar lo antes posible la convivencia pacífica” en el municipio, al tiempo que realizaron un “llamamiento” a la ciudadanía para “evitar” que se “utilice” lo que consideran una “desgracia” como una “forma de estigmatizar a toda una comunidad”.

Asimismo, urgieron a los medios de comunicación a que “eviten afirmaciones, palabras o expresiones que, lejos de contribuir a la restauración de la convivencia, puedan victimizar a un colectivo por delitos cometidos por alguno de sus miembros de los que no son, en ningún caso, responsables”.

“Estamos trabajando junto con distintas administraciones autonómicas y locales con los directamente afectados para dar cobertura a sus necesidades más inmediatas y nos comprometemos, junto con otras instituciones y órganos del Estado, a promover políticas que mejoren la convivencia pacífica, el entendimiento y el respeto mutuo, así como a combatir cualquier forma de odio, racismo o intolerancia, incluido el antigitanismo”, sentenciaron los responsables del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.