Lo hizo durante su intervención en la ‘Reunión de Alto Nivel sobre la Transición de Sistemas de Cuidados hacia Modelos Centrados en las Personas y en la Comunidad’, que se celebró en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE, un encuentro en el que también participó la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

Belarra atestiguó que la discusión sobre los sistemas de cuidados será una cuestión que “va a marcar el futuro de la Unión Europea”, ya que “afecta a la vida cotidiana de muchos de sus ciudadanos y ciudadanas”. En ese sentido, precisó que “cuando hablamos de cuidados hay que tener claro que es un derecho que debe ser garantizado”, puesto que son “tareas esenciales, inaplazables, que nunca van a parar porque son las que permiten que la vida siga adelante”, como sucedió durante la pandemia.

Lamentó que el hecho de que los cuidados hayan recaído mayoritariamente sobre las mujeres a lo largo de la historia es lo que ha provocado que aquéllos tengan “poco reconocimiento social”, y deploró que “estas tareas que consumen tantísimo tiempo y tantísima energía no son llamadas tareas porque no se percibe un salario”.

Esto le sirvió para aseverar que la presidencia española del Consejo de la UE es un buen momento para “avanzar en la revolución de los cuidados”, sacándolos de concepciones individuales para convertirlos en “una responsabilidad social”, lo que implica, a su juicio, que “los Estados se responsabilizan de manera definitiva y dejan de cargar esa responsabilidad sobre los hombros de las mujeres".

"RETOS ENORMES"

Belarra señaló los “retos enormes” que aparecen en el horizonte en materia de cuidados, ejemplificados en el hecho de que más de 30 millones de personas necesitaban cuidados en 2019; que se prevé que 33,7 millones los requieran en 2030; y que se calcula que 38,1 millones sean susceptibles de necesitarlos en 2050.

Ante esta situación, la titular de Derechos Sociales consideró llegado el momento de “avanzar hacia sistemas de cuidados públicos, robustos, flexibles, lo que constituye un reto para el Estado del bienestar del siglo XXI”; sin embargo, no vio motivos para su consecución atendiendo al ejemplo que representa la forja de sistema públicos de educación y de sanidad en el siglo XX.

Belarra explicó que su departamento y el de Igualdad están dispuestos a dar un “paso más”, a través del impulso de unas conclusiones del Consejo de la UE que “permitirán profundizar en una estrategia europea” que garantice la transición de un modelo de atención asistencial a uno de atención comunitario.

Remató su intervención dejando claro que “garantizar el derecho al cuidado no es sólo garantizar derechos laborales de muchas mujeres trabajando en condiciones muy precarias, la mayoría de ellas mujeres migrantes en situación irregular, ni con garantizar el derecho al cuidado de los miembros más vulnerables de la sociedad, sino con garantizar el derecho al tiempo de las mujeres, que por desgracia no siempre ha sido posible garantizar”.

DERECHO A VIVIR

Por su parte, Irene Montero hizo suyo el argumento de Belarra al argüir que “garantizar los cuidados es garantizar el derecho a vivir de las mujeres”, que son quienes mayoritariamente los asumen, “muchas veces sin remunerar”.

Puso de manifiesto que los cuidados no remunerados representan el 9% del PIB mundial, lo que le dio pie a deslizar que “ninguna economía aguanta unas semanas sin esos trabajos de cuidados que asumimos mayoritariamente las mujeres” y para comentar que “nuestras economías son grandes gigantes con pies, no de barro como decimos en España, sino con pies de mujeres”, unas “mujeres que sostienen nuestros sistemas económicos” pero en torno a las cuales no se ponen en marchan políticas que les “garanticen” sus derechos.

Luego de afirmar que los hombres asumen cada vez más tiempo para los cuidados y la conciliación, aunque sea al albur de políticas públicas de conciliación, agradeció al movimiento feminista que haya sabido “centrar la lucha por el derecho al cuidado”.

Por último, reclamó “recaudar más para poder aumentar el presupuesto para un sector público e integral de cuidado”, lo que pasa por la forja de un “sistema fiscal justo para que pague más quien más tiene”.