La falta de este acuerdo se encuentra detrás de las dificultades que hay para aplicar la pena de trabajos sociales que fue impuesta a los dos menores que hace un año profanaron la tumba de Gregorio Ordóñez, dirigente del PP vasco asesinado por ETA.

Estos dos menores fueron condenados en julio pasado por la Audiencia Nacional a limpiar pintadas relacionadas con la "kale borroka". Sin embargo, la falta de un acuerdo entre el Ministerio y la Consejería de Justicia ha impedido, hasta el momento, que se haga efectiva la resolución.

La ausencia de este convenio ha llevado al juez de Menores y Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha ofrecer la tarea de rehabilitación de estos menores a las asociaciones y colectivos cívicos ¡Basta Ya!, Gesto por la Paz, Cruz Roja y DYA.

En este sentido, fuentes del Ministerio del que es titular Mariano Fernández Bermejo informaron a Servimedia de que este Departamento no tiene previsto firmar, a corto plazo, ningún acuerdo sobre este asunto con la consejería que dirige Joseba Azkárraga.

Las fuentes consultadas explicaron que, hasta el momento, la única autonomía que tiene un acuerdo sobre menores con el Ministerio es la Comunidad de Madrid, sin que se haya abierto el proceso para lograr un convenio similar con el País Vasco.