De acuerdo con sus declaraciones, alguien estaba muy interesado en que el citado cámping estuviera instalado en Biescas. "Alguien quería que ese cámping estuviera en Biescas, pero sobre todoel ayuntamiento".

Según el abogado de los afectados, el consistorio quería ese cámping por muchas razones: "Primero porque ése era un terreno baldío de propiedad municipal y así el ayuntamiento cobraba todos los años una sustanciosa renta por el alquiler al propietario del cámping".

Arcas continuó su argumentación diciendo que para un pueblo pequeño como Biescas era muy interesante que 600 familias estuvieran comprando todos los años en ese pueblo, al tiempo que subrayó que, además, había un contato entre el Ayuntamiento de Biescas y el dueño del cámping para que toda la mano de obra fuera del pueblo.

A su juicio, en Biescas y en todos los alrededores sabían que allí tenía que pasar algo alguna vez porque "en los miles de años que lleva el valle de Tena poblado jamás en ese terreno ha habido ni la más mínima huerta de lechugas. La gente del pueblo puede ser ignorante, pero no tonta", subrayó Arcas.

El abogado aseguró que quien eliminó el informe negativo sobre la instalación del cámping e Biescas para que el consejero firmara la licencia es un auténtico "reo de prevaricación" y apuntó que esa persona está en la Diputación General de Aragón.

ARCHIVAR RESPONSABILIDADES

Por otra parte, Arcas se refirió a las declaraciones del alcalde de Biescas, Luis Estaún, senador del PP y alcalde de la localidad, en las que considera que el anuncio de que la jueza tenga en mente archivar el caso "es una estrategia del abogado de la acusación particular encaminada precisamente a evitar el archivo". A su juicio, ésas son "manipulaciones" del regidor. "Yo, lo que quiero es que no se archive y si hablamos de maniobras yo podría hablar de un cúmulo de maniobras que al parecer hizo el Ayuntamiento de Biescas y que prefiero callármelas", sentenció Arcas.

A su juicio, lo que está claro es que en todas las diligencias penales hay una presión de la Administración y que en esas diligencias se han aportado unos dictámenes que han sido fabricados por la Administración o por fuentes que ésta "tiene contrladas" y que dicen que todo estaba perfectamente bien y la catástrofe ha sido un "designio divino".

Sin embargo, continuó, "yo pido un dictamen que no es de la Administración y que es totalmente imparcial y a mí no me lo conceden.

Además, explicó que "los dictámenes entregados por la Administración que hablan de un período de retorno de las aguas de 5.000 años son una estupidez, porque la naturaleza y la estadística no congenian, y porque como se puede hablar de un período de retorno de 5.000 año, cuando en esa época los habitantes del valle de Tena iban con unas pieles puestas y no tenían pluviómetros".

Arcas concluyó que las indemnizaciones que han recibido hasta ahora los damnificados por la tragedia son "inmisericordes, vergonzantes, vergonzosas y una racanería". La petición de indemnizaciones que Arcas ha hecho para sus clientes ronda los 2.000 millones de pesetas.