El grupo parlamentario de EH Bildu presentó este miércoles nueve propuestas de resolución con motivo del Debate sobre el estado de la Nación, ocho de ellas de manera conjunta con ERC y dos con el BNG.

La formación abertzale recoge en el documento las propuestas, que serán calificadas por la Mesa del Congreso, y van desde la que reclama “un impuesto sin límite temporal a los ‘beneficios caídos del cielo” para las eléctricas’, a la que insta a “reconocer el carácter plurinacional del Estado y la naturaleza política de los conflictos nacionales”.

En solitario, el grupo parlamentario de EH Bildu reclama que el Gobierno lleve a cabo “las iniciativas legislativas oportunas” para aumentar el control público “sobre las grandes corporaciones energéticas que permitan poner fin y sancionar las prácticas ilegales de manipulación del mercado”, prácticas que dan por hecho en el texto.

Para ello, la formación considera necesario elevar la participación pública en sectores y empresas estratégicas de la economía “del 1,9% sobre el PIB actual al 12% sobre PIB en 2027”, en sectores como la energía, la industria, el sector financiero o infraestructuras.

Además, propone aprobar un nuevo ‘Código de Buenas Prácticas’ que sustituya al suscrito en 2012 con las entidades bancarias y financieras, a través de la modificación del Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de Mayo, así como la Ley 1/2013, de 14 de Mayo.

Por último, la propuesta reclama una modificación legislativa “para endurecer las sanciones aplicadas por la CNMC frente a las malas prácticas y manipulación de los mercados y contratos” que, a juicio de Bildu, “diferentes empresas con lógicas monopolistas vienen practicando”.

MERCADO ELÉCTRICO

Entre las propuestas pactadas por EH Bildu y ERC, la primera apuesta por la “democratización del mercado eléctrico”, que en su planteamiento destaca la importancia de “implementar una separación efectiva de actividad entre los grupos integrados para evitar abusos de posición de dominio y acabar con las prácticas oligopolistas”.

La segunda proposición reclama ampliar la protección social, mediante el aumento del Iprem, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. También se insta a elevar el límite de renta para la percepción del Suministro Mínimo Vital y para el acceso al bono social eléctrico en un 20%. Añaden la petición de una subida “excepcional” de las pensiones contributivas y no contributivas acordes al IPC del primer semestre, “como medida urgente para paliar la pérdida de poder adquisitivo”.

Otra de las propuestas que lanzan las dos formaciones políticas versa sobre vivienda y precariedad, con medidas como la paralización de lanzamientos en supuestos de vulnerabilidad, la ampliación del parque público de vivienda y para la defensa de los arrendatarios y consumidores.

LA CUESTIÓN DEL SÁHARA

Una causa compartida que protagoniza una propuesta de resolución conjunta de Esquerra y Bildu es la del Sáhara Occidental. Los tres partidos firmantes instan básicamente a revertir la nueva posición que ha adoptado el Gobierno “expresada mediante carta al rey de Marruecos el 23 de marzo de 2022”, con el objetivo de recuperar las relaciones con Rabat. También reclaman otorgar un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en España, “como legitimo representante del pueblo saharaui, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas y las de la Corte de Justicia de la Unión Europea”.

Los partidos catalán y vasco no se olvidan del rey Juan Carlos, por lo que proponen un amplio conjunto de medidas en relación a la Casa Real, que pasa por derogar el delito de injurias a la Corona y “amnistiar a todas las personas perseguidas o condenadas por dicho delito”.

Igualmente ven obligado “impulsar las reformas legislativas necesarias dirigidas a derogar el fuero especial del que gozan el Rey o Reina que hubiere abdicado, así como su consorte”. Además, apuntan a la fortuna del rey Juan Carlos al solicitar “la creación de una comisión de investigación para investigar la estructuras opacas, con la participación del ex Jefe del Estado”.

Además, entre otras peticiones, reclaman “elaborar, en el plazo de tres meses”, un informe con todos los gastos atribuibles a cualquier departamento del Gobierno “destinados a la manutención, seguridad y representación del rey emérito durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos, desde su huida en agosto de 2020”.

Bildu y ERC plantean otra propuesta de resolución “sobre sobre la defensa de derechos y libertades”, en la que aseveran que “en los últimos años, se han ido conociendo numerosas actuaciones de dudosa legalidad” por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “inventando pruebas, espiando y difamando a organizaciones y movimientos políticos”.

En esta propuesta, amén de exigir la tramitación y aprobación, “en el plazo máximo de seis meses”, de la modificación de la Ley de Secretos Oficiales 9/1985 de 5 de abril, los dos partidos incluyen una modificación de la Ley de Fondos Reservados, cambios en la Ley del CNI, y en la Ley de Medallas. También contempla cambios en “todos los aspectos de la Ley de Extranjería que supongan una violación de los derechos humanos, de asilo e integridad física de las personas migrantes”.

PLURINACIONALIDAD

A las dos últimas propuestas de resolución presentadas por Bildu y ERC se suma el BNG. En la primera se aborda “la recuperación y ampliación de derechos laborales”, con medidas que instan a “asegurar por ley el poder adquisitivo de las personas trabajadoras”, realizar un incremento extraordinario del SMI por el importe correspondiente a la inflación producida durante el primer semestre de este año, “con efectos a 1 de agosto de 2022”, y modificar la ley “para la reinstauración de la autorización administrativa previa en caso de despido colectivo”.

Finalmente, los tres partidos pactan una resolución “sobre plurinacionalidad y derecho a decidir”, en la que instan al Gobierno a reconocer de manera efectiva “el diálogo y la voluntad ciudadana libremente expresada” como “los únicos y mejores instrumentos democráticos” para la resolución de “los conflictos políticos territoriales existentes entre el Estado español y Euskal Herria, Galiza y Catalunya”.