Así lo reclamó en un escrito a la Mesa de la Cámara Baja, en el que solicita que Gabilondo intervenga en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. En concreto, este grupo parlamentario pide que, "como organismo encargado del desarrollo e implementación del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Iglesia", el Defensor del Pueblo informe sobre su "función" y la de la Unidad de Victimas.

Además, también quiere que dé explicaciones sobre "el grado de compromisos, los plazos de ejecución, las vías y procedimientos para acceder a la reparación demandada y la participación de las entidades representantes de las víctimas".

De este modo, la formación liderada por Arnaldo Otegi busca conocer más detalles sobre este pacto alcanzado la pasada semana para reparar a víctimas de abusos cuyos casos no han tenido recorrido judicial, ya sea por prescripción de los hechos o fallecimiento del agresor. Un acuerdo que sitúa a Gabilondo como mediador para garantizarlo.

Fue el pasado jueves cuando el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó el acuerdo con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego. Con él se abría la vía, a través del Defensor del Pueblo, para reparar a aquellas víctimas que no deseaban acudir directamente a la Comisión Priva establecida por la Iglesia.

Así, la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá "un cauce de reparación" que será estudiado y evaluado por la citada Comisión. Y, en el caso de discrepancia en la valoración, una comisión mixta lo estudiará, aunque si no se resuelve, el criterio que prevalecerá será el del Defensor.