El portavoz de Bildu Oskar Matute fue el encargado de defender la iniciativa con la que su grupo también reclama que, si se produce la deslocalización, se devuelvan las ayudas públicas recibidas en, al menos, los últimos diez años. Igualmente pide legislar de manera “urgente” para asegurar el empleo en una deslocalización.

Matute justificó esta iniciativa a raíz del traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos. “Es bueno que hablemos de Ferrovial”, consideró para destacar que los dos fundadores de la empresa estaban ligados al franquismo, en un caso como “voluntario en el alzamiento en el bando sublevado” en 1936 y en otro caso como ministro de Franco. Esto “les sirvió para llevarse muchos contratos que hicieron que la empresa creciera”, apuntó.

Enfatizó que el actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, es “la tercera fortuna española, estimada en 3.800 millones de euros”, y recordó que Competencia ha multado a la empresa junto a otras constructoras por pactar precios.

Matute contrapuso “quedarse estáticos” frente a esto o acometer cambios legales. “Con cada caso de deslocalización el empresario gana, pero la clase trabajadora pierde”, agregó.

Unidas Podemos explicitó su voto a favor por considerarlo de “puro sentido común”, en palabras del diputado Antón Gómez-Reino, quien añadió que su grupo ha presentado un proyecto de ley en esos términos.

Por el PSOE, Cristina López dijo que su grupo comparte la “preocupación”, pero las medidas planteadas “generan dudas” en cuanto al desincentivo para crear empresas en España y su encaje legal. Se refirió al PP para decir que su modelo es “el de la precariedad” y el del que “solo estudie o se cure el que tiene dinero”.

Desde el PP, Víctor Valentín Píriz consideró “sorprendente” que Bildu hable de deslocalización de empresas cuando “son expertos en deslocalizar presos de ETA y concentrarlos en el País Vasco”. También acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un ‘hooligan’ por señalar a empresarios.

En las filas de Vox, Inés Cañizares lanzó también la idea de que Bildu no dé “lecciones a quienes tuvieron que deslocalizar su vida y sus familias a consecuencia de la extorsión”. Según recordó, España ya dispone de un marco que exige devolver ayudas públicas.

Por el PNV, Idoia Sagastizabal consideró que la iniciativa surge “fruto del oportunismo del marketing político” y se preguntó si en España hay un número importante de salida de empresas. Afirmó que en España no hay un vacío legal en cuanto a la deslocalización de empresas porque como parte de la Unión Europea “hemos aceptado unas reglas de juego, otra cosa es la competencia fiscal que pueda existir entre países”. Además, dijo que Bildu ha copiado la propuesta de su grupo.