Fernández presentó estas iniciativas en rueda de prensa en Santiago de Compostela junto a la secretaria general de Igualdad del Ejecutivo gallego, Carme Adán, el diputado del BNG en el Parlamento gallego, Iago Tabarés, y la responsable de Acción Feminista de la Ejecutiva del BNG, Charo Fernández Velho.

Olalla Fernández Davila consideró "indudable" el hecho de que tras su aprobación "no se aportaron los recursos necesarios para que la ley se cumpla, y tampoco existe la debida coordinación con los cuerpos de seguridad para aplicar medidas de prevención".

Para subsanar esta carencia, el BNG presentó una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a "habilitar los recusos financieros, técnicos y humanos que garanticen la creación de juzgados especializados en delitos de violencia de género en todo el territorio del Estado español, en concreto por los que fueron solicitados por comunidades autónomas que, como en el caso de Galicia, tengan justificado su necesidad".

Además, el Bloque solicita que se asegure que "las personas dedicadas a atender toda la tramitación jurídico-administrativa de estos casos de violencia de género cuenten con la formación necesaria para poder desarrollar adecuadamente lo que la Ley Integral contra la Violencia de Género establece".

Por último, la iniciativa del BNG demanda que "se garantice la debida coordinación entre estos juzgados especializados y los cuerpos de seguridad del Estado a fin de poder realizar el seguimiento de las órdenes de distanciamiento y las medidas de protección a las mujeres que la ley contempla".

Los asuntos de violencia de género acumulados en los juzgados gallegos crecieron un 36 por ciento en 2007.Por ello, Adán subrayó la necesidad de incrementar los juzgados específicos de violencia de género. En Galicia hay dos en La Coruña y Vigo, y el BNG reclama la creación de otros cinco.