El acuerdo de declaración de Lugar de Memoria Democrática, cuya incoación se llevó a cabo por una resolución del 17 de octubre 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática y en la del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según recoge el BOE.

La cárcel de Carabanchel fue construida por el régimen franquista para sustituir a la antigua Cárcel Modelo de Madrid, demolida tras la Guerra Civil. Esta nueva prisión fue levantada entre 1940 y 1944 mediante el trabajo forzoso de un millar de presos republicanos, integrados en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados y subcontratados por empresas privadas, “convirtiéndose así en uno de los emblemas más claros del sistema represivo y de la ideología del ‘Régimen de la Victoria’. Su diseño panóptico, con seis galerías radiales bajo una gran cúpula de hormigón de 32 metros de diámetro, permitía la vigilancia total y materializaba la lógica del control absoluto sobre los cuerpos y las conciencias, reflejando la mentalidad autoritaria del régimen”, señala el acuerdo que publica el BOE.

Añade que por sus celdas pasaron miles de hombres y mujeres perseguidos por su ideología, actividad sindical, orientación sexual o pobreza, haciendo de la cárcel un microcosmos de la sociedad española bajo la dictadura: “un espacio donde convivían represión, adoctrinamiento y resistencia. El valor simbólico de Carabanchel reside en esa diversidad de experiencias: republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, nacionalistas, intelectuales, artistas y personas homosexuales castigadas por la Ley de Peligrosidad Social, todos ellos víctimas del mismo aparato de control político y moral”.

Asimismo, el acuerdo establece que, con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora, la Administración General del Estado impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo en el bien objeto de esta resolución, así como la señalización de punto de reconocimiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos allí perpetradas, indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos.

Además, se creará un centro memorial dedicado al conocimiento y la divulgación, con perspectiva de memoria democrática, de la represión franquista y de los derechos humanos, preservando el recuerdo del carácter penitenciario del inmueble “y las condiciones y circunstancias padecidas por las personas allí represaliadas”.