La orden del Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes subraya que lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 “constituye uno de los episodios más significativos en la historia reciente de España, pues puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas en una etapa aún temprana de consolidación constitucional”.

Es por ello que defiende que el “conocimiento riguroso” del pasado reciente y, en concreto, de aquel intento “de quebrar el orden constitucional”, pone de manifiesto que “la estabilidad democrática requiere de un constante compromiso cívico y que solo una ciudadanía consciente de su historia está en condiciones de preservar sus instituciones”. De ahí que subraye que comprender las lecciones del 23-F contribuye a la protección de nuestra sociedad frente a la repetición de errores del pasado y refuerza la calidad de nuestro sistema democrático”.

Ahora, 45 años después, el Ejecutivo hace hincapié en que “los años pasados” permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”, al no estar ya “justificada su sustracción al derecho fundamental de comunicar y recibir información veraz y al derecho de acceso a los archivos y registros públicos”.

Así, considera que “procede acordar su desclasificación. Y pone, como ejemplo de esa “lógica de facilitar el conocimiento del pasado reciente”, a países como Italia, que en 2016, hizo público un archivo de 13.000 páginas sobre crímenes cometidos por tropas nazis y fascistas en Italia entre 1943 y 1945. O Grecia, que en 2024 desclasificó 58 informes sobre el golpe de Estado en Chipre de 1974, entendiendo que "mirar atrás con rigor constituye un ejercicio de autoconciencia nacional".

Incluso recuerda que Alemania también desclasificó documentos relacionados con la historia de España y el propio intento de golpe de Estado, como cuando en 2012 “hizo pública la transcripción de una reunión privada entre su embajador y Su Majestad el Rey don Juan Carlos celebrada el 26 de marzo de 1981 en torno a los sucesos del 23-F”.

Este último caso lo apunta para señalar que “el conocimiento de nuestra historia colectiva no puede depender de la información que revelen otros Estados”, haciendo hincapié en que “los ciudadanos tienen derecho a acceder a su pasado a través de sus propias instituciones”.

Por último, el Gobierno hace también referencia a la “demanda reiterada” de varios grupos parlamentarios para la desclasificación de estos documentos, apelando, entre otros argumentos, a la “necesidad de mayor transparencia frente a una percepción de opacidad” .