En concreto, Bogas explicó que en relación con la metodología retributiva, la compañía considera que está sesgada en contra de la inversión, limitando el gasto de capital a la reposición de la red existente y no hacia su ampliación.

Además, apuntó que las eficiencias contempladas suponen una tasa de captura excesiva, basándose en referencias económicas de años anteriores que están aún pendientes de fijarse de forma definitiva.

En cuanto a la tasa del 6,46%, afirmó que es “discriminatoria y asimétrica respecto a otros sectores regulados en España, y a otros países europeos”.

Por todo ello, se mostró confiado de que “la versión final que surja tras el periodo de alegaciones proporcionará las señales económicas adecuadas para encauzar los desafíos de la política energética española”.