En el Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta del diputado del PP Borja Sémper, el titular de Justicia defendió que cuando el Ejecutivo ha tenido "noticia de algún indicio, de algún atisbo de un comportamiento irregular" han pedido "responsabilidades políticas inmediatamente".

La respuesta del ministro aludía así a las grabaciones que apuntan a que la militante socialista Leire Díez trató de organizar una operación para desacreditar a la UCO, debido a que está impulsando causas como el 'caso Koldo' o el 'caso Begoña'.

A este respecto, Bolaños destacó que con el PP "los denunciantes de corrupción salieron por la ventana en 24 horas", en referencia a que el exlíder popular Pablo Casado dejara el puesto tras enfrentarse a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El ministro reiteró la posición del Gobierno de no tolerar la corrupción, insistiendo en que "quien lo tenga que pagar, que lo pague", al tiempo que rechazó las "persecuciones injustas" contra personas honestas por motivos ideológicos.

PRÁCTICAS INACEPTABLES

En su intervención, Bolaños señaló que existen "prácticas irregulares que son absolutamente inaceptables durante la democracia española", haciendo referencia a episodios como "romper discos duros a martillazos" o enviar mensajes "apoyando a un corrupto con 50 millones de euros en Suiza".

El titular de Justicia denunció la existencia de lo que denominó "ciclo del bulo", que según explicó consiste en "inventarse noticias para que sean utilizadas políticamente" por partidos como el PP.

Criticó además que para mantener este sistema "hay que financiar pseudo medios que hacen las instituciones gobernadas por el PP" y "abogados de los ultras", como según dijo hace el PP en el Senado.

EXIGENCIAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Sémper exigió al Gobierno que respalde "la investigación de la Guardia Civil contra la corrupción" y el trabajo del teniente coronel Antonio Balas, que lleva la lucha contra la corrupción dentro de la UCO, pidiendo, además, que se anime al Instituto Armado a "seguir investigando" estas prácticas.

El diputado popular denunció que "una fontanera de la Secretaría de Organización" del PSOE habría comprometido decisiones que afectan a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sémper reclamó "una respuesta clara y contundente" por parte del Gobierno ante lo que calificó como "un escándalo", exigiendo explicaciones y una "petición de disculpas".