Peinado solicitó este martes al Tribunal Supremo que investigue a Bolaños por delitos de malversación y falso testimonio por ocultar "una verdad que conocía" sobre la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del entorno del ministro defienden que en el caso del delito de falso testimonio, que el juez le atribuye, carece de base jurídica. Consideran que existen diferencias entre lo que afirmó en su declaración ante el instructor realizada en La Moncloa y lo que el juez escribe en su exposición razonada elevada al Supremo este martes.

Las mismas fuentes insisten en que en el escrito acusa al ministro de falso testimonio porque afirma que se le preguntó por la persona que realizó el "nombramiento" de Cristina Álvarez y dio el nombre de una persona que después negó serlo, el de Raúl Díaz.

Sin embargo, sostienen fuentes de Presidencia, "la realidad es que el juez preguntó por el responsable, la persona que supervisa, a Cristina Álvarez, y esa fue la información que el ministro proporcionó", señalan, y añaden que "esa persona", Raúl Díaz, "en una declaración posterior, ratificó que ejercía esas funciones". "Por tanto, la exposición motivada se erige sobre una respuesta que el ministro no dio", insisten las mismas fuentes.

Fuentes de Moncloa consultadas por Servimedia aclararon que en la Administración, la persona que realiza el nombramiento no es la misma que quien vaya a ser el responsable posteriormente de la misma. De ahí que Bolaños insistiera, en su declaración ante Peinado, en diferenciar bien entre estos dos términos: quién realiza el nombramiento y quién es el responsable de Cristina Álvarez.

DECLARACIÓN DE BOLAÑOS

Sin embargo, en la declaración de Bolaños ante el juez, consultada por esta agencia, Peinado sí que le preguntó expresamente a Bolaños sobre "quién podría tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de Cristina Álvarez".

De hecho, la pregunta que realiza el juez Peinado es la siguiente: "Mire, a raíz de las contestaciones que usted ha emitido en las preguntas que le han sido formuladas hasta este momento, me veo en la necesidad de formularle otra pregunta: ¿dentro de la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, además de don Alfredo González, de don Iván Redondo, que era el jefe del Gabinete de usted mismo y en su caso, o en su alternativa del presidente del Gobierno, quien tenía o podía tener competencias o facultades para proponer el nombramiento de doña Cristina Álvarez?".

Bolaños respondió que la "iniciativa" de contratar trabajadores eventuales como la asesora de Begoña Gómez era de "quien fuera a ser su responsable directo". El instructor preguntó entonces quién era el "responsable directo" de esta asesora y que no podía "escapar" del conocimiento del ahora ministro, puesto que ocupó "muchos meses" el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Al no poder dar el ministro la respuesta exacta, el juez decidió suspender para que el testigo requiriese la información en las dependencias de La Moncloa. "Nosotros suspendemos la declaración", dijo textualmente el instructor, "y usted recaba la información suficiente para poder contestar a esa pregunta y en concreto se lo voy a especificar que averigüe recabando de las personas que tengan la competencia vinculada tanto a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno como al Ministerio de la Presidencia del Gobierno".

CONSULTAS REALIZADAS

Una vez reanudada la diligencia, Bolaños aseguró al juez que "en este rato he podido gestionar lo que me ha pedido como testigo y he hablado con el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y con la Secretaría General y me han dicho que efectivamente el puesto de la señora Álvarez pertenece al Gabinete de la Presidencia del Gobierno y me han dicho que hay una persona que es el responsable de la coordinación del personal de Palacio, que además ha emitido un certificado que ya se ha enviado a su señoría y que ya obra en autos", señaló en referencia a Raúl Díaz.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que el argumento del ministro podría servir de cara a que el instructor del Supremo no considere el delito de falso testimonio. Sin embargo, consideran que el juez Peinado sí que le pregunta en su declaración específicamente, tal y como se observa anteriormente, por quién podría tener competencias o facultades para proponer el nombramiento.

Pese a esto, indican las mismas fuentes que, de tener en cuenta el juez el presunto delito de malversación, la causa se elevaría al Supremo igualmente y, por ende, tendría que reclamarse el suplicatorio del diputado al Congreso para poder continuar con la investigación.

"NO HAY UN SOLO INDICIO"

Respecto al delito de malversación, fuentes del Ministerio de la Presidencia señalan que el escrito afirma que los responsables de la Secretaría General de la Presidencia eran los responsables del nombramiento de Cristina Álvarez y que debían conocer un supuesto uso irregular de recursos públicos en favor de actividades privadas de Begoña Gómez.

Sin embargo, señalan que, "tal y como se puede leer en la documentación aportada y la legislación aplicable, y han ratificado los testigos, la Secretaría General no realizó el nombramiento de Cristina Álvarez y Cristina Álvarez no dependía de este departamento".

"Además, no hay un solo indicio de que haya el menor uso irregular de recursos públicos . Es paradójico que el escrito lo califique de 'público y notorio' cuando la causa lleva meses instruyéndose y no hay ningún hecho que sustente esta afirmación", critican.

Así, el entorno de Bolaños reprochó que "estamos ante un caso parecido al de Juan José Güemes, al que se imputó en base a unas declaraciones que el testigo no realizó, y un tribunal superior (la Audiencia Provincial de Madrid) rectificó el error". "Confiamos en que en esta ocasión el resultado sea el mismo", zanjaron.