Bolaños se pronunció de esta manera en declaraciones en el Congreso, donde esta mañana la Comisión de Justicia discute el nuevo dictamen sobre la ley de amnistía, después de que el primero fuese rechazado por el Pleno por el voto en contra de Junts.

El ministro sostuvo que PSOE, ERC y Junts cerraron este miércoles el acuerdo para plantear de nuevo la norma y que en lo pactado ha influido el borrador de informe de la Comisión de Venecia, que, según el Gobierno, avala esta iniciativa legal.

Respecto a si Puigdemont quedará amparado por la nueva redacción de la norma, en la medida que pueda ser acusado de terrorismo o traición, Bolaños indicó que no se pronunciaba sobre casos concretos, pero que el acuerdo es que “todas las personas involucradas en el proceso independentista queden amnistiadas, todas”.

Sobre la trascendencia del acuerdo de PSOE con ERC y Junts, el ministro señaló que esta iniciativa legal “va a ser un referente mundial conforme a los mejores estándares europeos”.

HABRÁ PRESUPUESTOS

Destacó que la Comisión de Venecia “avala” la ley de amnistía y ha hecho recomendaciones que se han incorporado al texto que este jueves se debatirá en la Comisión de Justicia del Congreso.

Resaltó que la conclusión es que se trata de “una ley que nace del Parlamento español, pero que es una ley plenamente europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y las mejores y la mejor jurisprudencia europea”.

En cuanto a si la aprobación de esta norma ayudará a que haya Presupuestos del Estado para 2024, se mostró convencido de que habrá un acuerdo para sacar estas cuentas, puesto que existe una “voluntad inequívoca” por parte de los partidos que respaldan al Ejecutivo. “No tengo ninguna duda de que habrá Presupuestos”, remarcó.

Sobre la advertencia del PP de que este acuerdo sobre la amnistía hace difícil un pacto para renovar el CGPJ, el ministro señaló que hace falta “recuperar la normalidad institucional” en esta institución. Por ello acudirá a la nueva reunión que sobre este asunto ha convocado el 13 de marzo en Bruselas el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.