Así lo aseguró Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó las dos nuevas iniciativas legales. A este respecto, Bolaños explicó que el Ejecutivo había aprobado, en primer lugar, el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Justicia y Acciones para la Protección y Defensa de los Derechos e intereses de consumidores y usuarios. La segunda norma era la Ley Orgánica sobre Intercambio de Información de antecedentes Penales dentro de la UE.

El ministro aseguró que con estas propuestas legislativas, así como con inversiones económicas, el Gobierno busca “la mayor transformación y la mayor mejora del servicio público de la Justicia en décadas”.

“MODERNIZACIÓN” Y “AGILIDAD”

Indicó que la Ley Orgánica del Servicio Público de Justicia supone un “paso decisivo” para la “modernización” y “agilidad” de los tribunales españoles.

Al mismo tiempo, sobre esta norma organizativa de la administración judicial, apuntó que es un compromiso que España adquirió ante la UE para lograr el desembolso de fondos europeos para impulsar la reactivación económica.

Bolaños explicó que esta ley incorpora como principal novedad que se crean los tribunales de instancia que sustituirán a todos los juzgados unipersonales. Esta reforma implica que se pasará de 3.800 juzgados unipersonales a tener 431 tribunales de instancias, tantos como partidos judiciales existen en España.

También se crea la Oficina Judicial, que estará adscrita a cada tribunal de instancia, de tal manera que también se facilitará la tramitación y la gestión de los asuntos personales. Además, la norma facilitará las reclamaciones conjuntas de consumidores en defensa de sus intereses.

Por lo que se refiere a la Ley de Antecedentes, el ministro explicó que supone adaptarse a la normativa europea y permitirá conocer entre países de la UE la trayectoria penal de cualquier persona que esté en las bases de datos de los socios comunitarios.