Así se pronunció el ministro en declaraciones a los medios de comunicación en Lorca (Murcia), donde quiso dejar claro que la norma “no está aprobada todavía por el Consejo de Ministros”, recordando que “está en tramitación” y en fase de audiencia pública.

Así, explicó que es en este punto en el que “organizaciones, administraciones y operadores jurídicos están haciendo aportaciones”, las cuales aseguró que se van a estudiar de cara a remitir la norma al Consejo de Estado antes de que el Consejo de Ministros la apruebe.

“Son aportaciones que se estudian”, dijo mientras añadía tajante que “ninguna” de las recibidas “conlleva que ninguna lengua cooficial sea requisito imprescindible para otorgar la autorización inicial, ni de residencia ni de trabajo”.

Por ello, defendió que no se rompe el principio de igualdad entre los españoles, porque “la premisa no se produce y por tanto no hay ninguna ruptura de nada”.

Así, insistió en que, por el momento, “lo que hay es un proceso de audiencia pública donde todas las administraciones hacen sus propuestas y donde no hay ni siquiera un texto que haya valorado esas propuestas que se están realizando”, zanjó.