En una entrevista a la cadena Ser recogida por Servimedia, el ministro subrayó que la negociación con la Iglesia española durante los últimos dos años que ha conllevado a este acuerdo ha sido “muy arduo y muy duro”.

“Yo soy muy partidario de llegar a acuerdos con diferentes, creo que cohesionan la sociedad y en concreto sobre este acuerdo me parece que hacemos justicia, que teníamos un colectivo de personas quizá no muy numeroso, pero muy vulnerable, que habían sufrido durante décadas el silencio, que encubrieran los delitos que se habían cometido sobre ellos y que era de justicia que el Gobierno, que el Estado, se vuelque para intentar resolver esa situación”, expuso.

Bolaños también indicó que la intención del Ejecutivo era dar cumplimiento a las recomendaciones sobre este asunto hechas por el Defensor del Pueblo porque considera que no las cumplía el Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva) de la Iglesia. Según datos de la Comisión Priva, desde septiembre de 2024 ha recibido 114 formularios y ha resuelto 61 (con una indemnización prevista de casi dos millones de euros). Para el ministro, el Priva tampoco “merece la confianza de las víctimas” porque consideran que “la Iglesia era juez y parte”, por lo que algunas víctimas con los supuestos citados no han acudido a esa comisión ante la que ahora podrá mediar el Defensor.

En todo este proceso, relató el ministro, ha ido “comprobando” en las visitas que ha realizado al Vaticano que “la Santa Sede tenía un interés muy especial en que en España hubiera un plan donde el Estado y la Iglesia fueran de la mano para reparar a las víctimas que han sufrido durante años no solo el delito y el abuso que sufrieron, sino casi peor el encubrimiento, la ocultación, el silencio, el dolor, el no creerles, el no darles importancia, el despreciar sus testimonios”.