En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que la describió como “vergonzosa y nada edificante” por el cruce de acusaciones por corrupción entre el PP y el PSOE, preguntó en qué puede afectar a la seguridad nacional la información sobre el caso del conductor de autobuses que falleció cuando estaba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo en 1985 y en su formulación oral añadió el ‘caso Aldana’, un atentado contra un bar en 1980 reivindicado por un grupo parapolicial en el que murieron cuatro personas.

Bolaños respondió que, cuando una administración niega la desclasificación de un documento, “es deber institucional básico de un ministro no desvelar los motivos” de que siga clasificado, pero aseguró que los criterios generales de desclasificación son los mismos en toda Europa: cuando lo solicita un juzgado y no afecta a la seguridad nacional. “Son criterios que usted podrá no compartir pero son los que se usan con normalidad en una democracia plena”, constató.

Esteban confesó en su réplica que no podía entender “el secreto sobre los motivos del secreto”, pero insistió en preguntar en qué podría afectar a la seguridad nacional divulgar las estrategias de la policía de hace 40 años, a no ser que el Gobierno esté “amedrentado por un cuerpo policial”. Recordó que en 2022 el presidente, Pedro Sánchez, aplazó la desclasificación con la coartada de que se iba a modificar la Ley de Secretos Oficiales, y por eso le instó: “Apruébenla”.

Bolaños coincidió con el portavoz del PNV en que es necesario reformar la Ley de Secretos, como lo prueba el que él mismo aprobó un anteproyecto y ahora el PSOE ha apoyado la toma en consideración de una proposición de ley en el mismo sentido. También reconoció que las amenazas a la seguridad actuales “nada tienen que ver con las de hace 40 años”.

Por eso, instó a su interlocutor a trabajar “con rigor” en una ley que combine la seguridad del Estado y “la obligación de conocer hechos de hace muchos años”, pero insistió: “Entienda que, cuando la información está clasificada, un ministro del Gobierno de España no puede darle más información”.